“El objetivo último de la ley es el bienestar de la sociedad”
Benjamín Cardozo
El 23 de junio de 2023 se cumplieron 30 años de la entrada en vigor de la primera Ley Federal de Competencia Económica (LFCE). Si bien la protección a la libre competencia y concurrencia se encuentra arraigada en nuestro sistema legal desde la Constitución de 1857, la emisión de disposiciones y procedimientos específicos a finales del siglo 20 tradujo esta protección en una norma que creó la autoridad en la materia en México y le dio las herramientas para velar por ella en el país. Con la emisión de la LFCE, en diciembre de 1992, y su entrada en vigor meses después, se inició la aplicación de la política de competencia mexicana.
La política de competencia busca un piso parejo para que quien lo desee entre al mercado y compita para ofrecer mejores bienes y servicios. A través de dicha participación, las empresas rivalizan por obtener clientes, lo que se traduce en más opciones y beneficios tangibles para la población en general. En cambio, en escenarios donde las empresas acuerdan no competir, el sobreprecio pagado por quienes consumen esos bienes o servicios puede llegar a ser del 50%. Por ello, los efectos de esta práctica impulsan la construcción de una economía incluyente, más humana y justa para toda la sociedad mexicana.
Durante tres décadas, los responsables de la aplicación de la política de competencia en México han sido la Comisión Federal de Competencia (CFC), de 1993 a 2013, y después, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). Esta última, creada en 2013, celebra diez años de ser el órgano constitucional autónomo encargado de la protección y promoción de la competencia en México, para todos los sectores de la economía excepto telecomunicaciones y radiodifusión. Desde marzo de este año tengo el honor de presidir la Cofece, y mi objetivo es redoblar esfuerzos para que sus acciones generen mayores beneficios a las y los mexicanos.
Como parte de los logros que hemos acumulado en los últimos 30 años, se encuentran herramientas efectivas para la detección de conductas anticompetitivas, como el Programa de Inmunidad y Reducción de Sanciones, y la realización de más de 112 visitas de verificación sorpresa, resultado de al menos 355 investigaciones, así como la imposición de sanciones que inhiben las conductas violatorias de la Ley. Por ejemplo, el año pasado se impuso la mayor sanción en la historia de la Cofece superando los 2 mil millones de pesos de multa a distribuidores de gas LP por coludirse, y este miércoles se publicó la inhabilitación de dos personas para ejercer cargos directivos de tiendas de autoservicio que manipularon el precio de la tortilla de maíz en el municipio de Huixtla, Chiapas.
Además, se han revisado 4 mil 339 concentraciones, con lo que se han bloqueado aquellas operaciones que podrían haber creado estructuras de mercado dañinas al proceso de competencia. Por ejemplo, el caso en el que Walmart intentó comprar la plataforma digital de entregas a domicilio Cornershop o el condicionamiento de la concentración entre Delta y Aeroméxico para evitar los posibles riesgos que implicaba la operación.
Sabemos que aún nos queda mucho por hacer. En un contexto económico tan dinámico como el actual, es necesario usar todas las facultades que la Ley nos otorga y redoblar esfuerzos para que los más necesitados gocen de los beneficios de la competencia e impulsar un México en el que los empresarios de pequeños negocios puedan competir; donde las familias tengan más alternativas y les alcance para más; donde haya crecimiento económico, y donde exista un piso parejo para que todas y todos podamos desarrollar nuestro máximo potencial.
