La historia de las tragedias en antros es persistente y con picos cíclicos. Propietarios que se desentienden de las prácticas de sus empleados, gerentes y capitanes que propician todo tipo de irregularidades contra sus clientes y meseros y anfitrionas, o meseras y anfitriones, que solo ejecutan órdenes. Al final, para eso los dueños de estos negocios cuentan con equipos jurídicos especializados.
La tragedia aquella del salón Lobohombo, en Insurgentes Norte hace 23 años, se resumía con la cabeza principal de la portada de La Jornada: once amparos, 20 muertos. Días después murieron dos personas más y hubo 40 heridos. No había extintores como manda la ley, las puertas de emergencia estaban selladas con cadenas en contra de la ley y los trabajadores bloquearon las rutas de escape, porque la clientela huía sin pagar. Un desastre.
¿Aprendió la autoridad de esa lastimosa experiencia? No. En la propia delegación Cuauhtémoc, hoy alcaldía, se han repetido tragedias como la del bar Heaven, en mayo de 2013, cuando un comando secuestró a 13 jóvenes de ese sitio en la Zona Rosa y sus cuerpos no fueron hallados sino hasta tres meses después en una fosa en Tlalmanalco, derivado todo de una venganza por el asesinato de un vendedor de droga que operaba en La Condesa, en la misma demarcación.
¿Algo ha cambiado desde entonces? No. Vaya usted a cualquier bar o antro y en los baños no faltará quien le ofrezca drogas a su elección, como desde hace 20 o 30 años. ¿No lo saben los dueños? Impensable. ¿Están obligados a permitir ese comercio so pena de represalias del narco? No es difícil considerar esa hipótesis, sobre todo a partir de las crecientes denuncias por extorsión en todo giro, como hoy ocurre con los transportistas mexiquenses de zonas como Coacalco y Tecámac, y como lo han dado a conocer joyeros del Centro Histórico capitalino.
La mortal tradición de las goteras es también persistente y cíclica. Así mataron hace años a un par de miniluchadores, abandonados en el cuarto de un hotelucho en la capital. Ahora sucumbió en esa trama el empresario Íñigo Arenas, cuya tarjeta fue saqueada con una cuenta de 40 mil pesos antes de asesinarlo con una sustancia letal en un bar de Naucalpan. Hay seis detenidos. No pasará nada. El estado de derecho está podrido.
