La Comisión para la Verdad del caso Ayotzinapa no le hizo honor a su nombre, pues lo que encontró fue una mentira y sigue sin dar con la verdad de lo que sí ocurrió con los 43 normalistas desaparecidos desde hace casi ocho años.
Ahora se dice que aunque no hay indicios de que sigan vivos no los asesinaron, ni incineraron en el basurero de Cocula y no arrojaron sus restos en bolsas al río San Juan, pues los jóvenes nunca estuvieron todos juntos desde que fueron privados de su libertad.
Entonces, si no los llevaron al basurero de Cocula, ¿dónde los tuvieron, dónde acabaron con su vida, de qué manera lo hicieron y cómo fue que los restos identificados el sexenio pasado de Alexander Mora Venancio y Jhosivani Guerrero de la Cruz llegaron al río San Juan? Tampoco se explica cómo terminaron en la Barranca de la Carnicería restos de uno de esos mismos normalistas, Jhosivani Guerrero de la Cruz, encontrados e identificados en este sexenio, al igual que los de Christian Alfonso Rodríguez Telumbre.
El objetivo de la Comisión de la Verdad y de la Fiscalía General de la República ha sido acabar a toda costa con el relato conocido como verdad histórica basándose en dudosos testimonios de personajes que buscan salvar el pellejo, como su testigo predilecto conocido como “Juan” que en realidad es Gildardo López Astudillo, integrante de Guerreros Unidos, quien declaró una cosa a la entonces PGR y otra a la actual FGR.
A la lista de testigos cuestionables se une ahora un ex servidor público quien presuntamente contó de una reunión en la que se habría fraguado la llamada verdad histórica en octubre de 2014, aunque dos de los supuestos asistentes: el ex gobernador Ángel Aguirre y el actual secretario de Seguridad capitalino, Omar García Harfuch, entonces comisionado de la Policía Federal en Guerrero, ya dijeron que eso jamás ocurrió.
En casi cuatro años de gobierno, la 4T celebra haber descubierto una mentira, pero no ha encontrado la verdad. Al menos ya avanzó en rastrear otros puntos de la desaparición y en perseguir a varios de los responsables. Un trabajo para el que es evidente que se tomó como base la recomendación de la CNDH de 2018 y las denuncias penales de 2019 del ombudsman de ese entonces, Luis Raúl González Pérez, contra 375 servidores públicos y un número igual o mayor de presuntos responsables.
@AlexDominguezB
