La decisión estadunidense de retirar los cargos de narcotráfico contra el general Salvador Cienfuegos se debió a la defensa de la dignidad de México.
El presidente Andrés Manuel López Obrador obtuvo un triunfo diplomático al lograr que el general mexicano sea puesto en libertad en Estados Unidos para realizar una investigación en nuestro país.
“Consideraciones sensibles e importantes de política exterior que superan el interés del gobierno (de Estados Unidos) de perseguir y procesar al acusado” fueron determinantes por el Departamento de Justicia para justificar el sobreseimiento.
La principal consideración fue la instrucción del presidente López Obrador de comunicar a Estados Unidos que no puede haber una relación bilateral sin confianza ni respeto.
La investigación y el arresto del general Cienfuegos el 15 de octubre en Los Ángeles ocurrieron sin aviso oficial al gobierno mexicano, lo que mostró una actitud de simulación y rompimiento de confianza.
Antes, el procurador general William Barr estuvo el 16 de enero en México para “reafirmar el compromiso con la cooperación bilateral en procuración de justicia”, pero se abstuvo de informar de la investigación contra el ex secretario Cienfuegos que ya estaba en curso.
Barr se reunió con el fiscal general, Alejandro Gertz Manero; con los secretarios de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard; de Seguridad, Alfonso Durazo; de la Defensa Nacional, Luis Crescencio Sandoval y con el de Marina, José Rafael Ojeda, pero nada dijo de la pesquisa. En cambio, hizo una serie de peticiones al gobierno de México, como incrementar las extradiciones.
Estados Unidos pudo tener razones de procedimiento para abstenerse de informar a México, receloso de que alguna filtración hubiera entorpecido la investigación o frustrado la detención.
En el fondo subyace la desconfianza entre ambas partes. México desconfía de Estados Unidos por su injerencia indebida, Estados Unidos recela de México por su débil sistema de justicia, mientras que la corrupción abunda en ambos lados de la frontera.
Entre la inmunidad y la impunidad. En México operan 50 agentes de la DEA con inmunidad diplomática. Diversos testimonios indican que participan armados en operativos policiacos. Por otro lado, 90 por ciento de los homicidas actúa con impunidad, mientras que policías corruptos en los dos países están infiltrados por el narco.
La credibilidad de México estará a prueba con el compromiso de la Fiscalía General de la República de investigar y eventualmente procesar al general, de acuerdo con las leyes mexicanas, con base en las pruebas proporcionadas por el Departamento de Justicia de Estados Unidos.
Por el bien de México y del general Cienfuegos (cuya inocencia se sigue presumiendo), la mejor solución será que se cumpla con el debido proceso, sin presiones políticas, militares ni extranjeras, y que el resultado sea creíble, imparcial y transparente. De no ser así, Estados Unidos podría reabrir el caso en una nueva escalada de las tensiones.
El reto para ambos países es encontrar vías para reconstruir la confianza mutua con el fin de combatir a los grupos criminales transnacionales. Esto es más importante que nunca ante la transición política en Estados Unidos.
[email protected]
@AGutierrezCanet
