En días pasados el Presidente López Obrador en su conferencia mañanera, reveló que antes de tomar la decisión de cancelar el proyecto del aeropuerto de Texcoco, recién iniciado su sexenio, tuvo a bien consultar con tres asesores: Alfonso Romo, Javier Jiménez Espriú y Carlos Urzúa, que respectivamente ocupaban puestos estratégicos de su Gabinete pues el primero era el Jefe de la Oficina de la Presidencia de la República, el segundo el Secretario de Comunicaciones y Transportes y el tercero Secretario de Hacienda y Crédito Público.
Piezas clave en la toma de la decisión. Ellos aconsejaron al Presidente seguir adelante con el proyecto, y en relación a los aparentes desfalcos y desviaciones presupuestarias, aconsejaron al hombre de Macuspana que se ejercitaran las acciones pertinentes para sancionar a los responsables, pero que considerara bien su decisión, pues el costo económico, social y político sería enorme en caso de cancelarlo.
El pasado jueves 16 de febrero, en esa conferencia mañanera y ante los Gobernadores del Estado de México Alfredo del Mazo; del estado de Hidalgo, Julio Menchaca; y la Jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinmabum, el Jefe del Ejecutivo reconoció que pese a que sus consejeros le habían dado su opinión razonada acerca de la no-cancelación de la obra, el decidió lo contrario e iniciaría la construcción de un nuevo aeropuerto para construirse aceleradamente y terminarlo antes de que concluyera su sexenio.
De nada sirvieron los consejos y las opiniones de personas no solo de su confianza sino con el expertiz suficiente en el área; López Obrador pensó que de seguir adelante con el proyecto de Texcoco se llevaría todo el sexenio y tendría dos perjuicios para él: uno el que no le tocaría inaugurarlo, y por la otra, sus adversarios le darían el mérito al gobierno de su antecesor Enrique Peña; políticamente no le era conveniente aunque para el país fuera beneficioso; antepuso su ego sobre el interés nacional.
La dificultad de construir el nuevo aeropuerto con el tiempo encima se resolvería de una manera sencilla: el ejército se encargaría de la obra y no solo eso, estaría ubicado en terrenos castrenses lo cual reduciría al mínimo expropiaciones a indemnizaciones y las pocas que surgieran los resolvería a través de reorientar programas sociales a los afectados para acallar sus voces o con el uso de la fuerza. De que se callan se callan.
Para silenciar las voces que protestarían por lo que resultaría una decisión basada en un interés propio dejando de lado la responsabilidad patriótica, que mejor que sus aliados del sureste; si para eso están los programas sociales, para cooptar voluntades.
Los chiapanecos y los tabasqueños receptores preferidos de la derrama económica principal del gobierno federal alzaron la mano y como dóciles ovejas votaron por la cancelación del NAIM y la obra magna de su Tlatoani: el AIFA.
Así, hábilmente, López Obrador tenía el respaldo del pueblo bueno y sabio para darles atole con el dedo a sus adversarios como él gusta en denominar a todo cuanto aquél que no esté de acuerdo con sus ideas, y de paso construir un aparente respaldo popular a su decisión.
Una maniobra de alguien listo pero no inteligente porque a la postre ha sido contraproducente; perdió a tres excelentes colaboradores y consejeros; no todo el mundo se tragó la píldora de la conveniencia de la reubicación del aeropuerto; el AIFA no ha sido lo que se planeó y, lo peor, solo se ha puesto en evidencia que este hombre no oye consejos, lo que nos llena de desazón, porque un Presidente que impone su voluntad sin tomar en cuenta a sus consejeros, gobierna en forma absoluta y el absolutismo y los mexicanos no queremos regresar al siglo XVIII.
Abel Campirano
