En medio de las decenas de protestas que se registran al mes en la Secretaría de Gobernación, hay grupos que convirtieron estas movilizaciones en su modo de vida para obtener recursos del Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas.
El modus operandi es sencillo
La opción del modus operandi implica en que las protestas les dan más recursos o cierran las oficinas, vandalizan las instalaciones o intentan ingresar para obligar mesas de diálogo en donde además de protección pueden llegar a pedir hasta placas de taxis.
Esto les ha significado ganancias millonarias. De acuerdo con diversas solicitudes de información, hay casos en que estas personas obtienen hasta medio millón de pesos al mes, sumando beneficios como:
- Vivienda
- Escoltas
- Transporte
- Tarjetas de dinero con un recurso mensual de entre 8 y 30 mil pesos
Estos grupos, que surgieron tras una tragedia o perseguir una buena causa, se han ido convirtiendo en gestores de otras supuestas víctimas para que sean incorporados al mecanismo de protección.
Su forma de actuar ha provocado incluso que otros colectivos de víctimas y hasta integrantes de estos, decidan dejar de apoyar su lucha al acusar que están desvirtuando el trabajo de los verdaderos activistas que sí necesitan apoyo con recursos y seguridad.
De acuerdo con información oficial, a junio de 2025 estaban incorporados al mecanismo mil 536 personas, de las cuales 669 son periodistas, mil 240 defensores de derechos humanos y 425 familiares.
Además, se ofrecen 63 servicios de escoltas, lo que equivale a 261 elementos y en 72 casos se les brindan arrendamientos de reubicación temporal, es decir, vivienda.
Placas de taxi, puestos y becas
El colectivo Fundación Iris es uno de los que se han identificado con este modus operandi.
Apenas el jueves pasado regresó a las inmediaciones de la Secretaría de Gobernación, y es la tercera vez que lo hace en este sexenio para gestionar apoyos.
De acuerdo a los documentos obtenidos, la lideresa del grupo, Ericka Nicteha Flores y su núcleo familiar, tres hijas, un hijo, su padre y madre, reciben en diversas medidas de protección alrededor de 520 mil pesos mensuales, entre ellas:
- Botones de emergencia
- Medidas de reubicación temporal
- Protección personal y alimentación
En esta ocasión, Flores Gutiérrez está solicitando la incorporación de manera extraordinaria e inmediata de 11 personas al mecanismo de protección, sin embargo, luego de que las autoridades les ofrecieron abrir una mesa de trabajo para analizar cada uno de los casos, decidieron instalar un plantón.
En estos diálogos con los funcionarios del gobierno federal, el colectivo ha solicitado además otro tipo de apoyos y recursos como:
- Placas de taxi
- Vivienda
- Becas
- Pago de colegiaturas
- Permisos para comercio en vía pública y hasta puestos de trabajo
El modus operandi detectado por la autoridad es el cierre de vialidades y edificios públicos como medida de presión.
Ha realizado movilizaciones de este tipo en la Comisión de Víctimas del Estado de México, el Instituto de Vivienda de la capital del país y en la Segob.
Protesta sin demandas
En lo que va de este sexenio, el colectivo identificado como Holy Yash, ha estado por lo menos en diez ocasiones protestando en el edificio sede de la Secretaría de Gobernación sin presentar una demanda en específico.
Cada una de estas visitas se ha traducido en instalación de plantones, intentos de ingresar al inmueble, pintas, ruptura de cristales y bloqueo de las entradas para no permitir el ingreso ni la salida de los trabajadores e incluso en algunos momentos breves encontronazos con policías.
También se ha visto que siempre se hacen acompañar de menores de edad a pesar de que cuentan con una vivienda pagada por el sistema de atención a víctimas de la Secretaría de Gobernación.
La lideresa de este grupo junto a su núcleo familiar tienen ingresos por parte del mecanismo de aproximadamente 70 mil pesos mensuales según los informes a los que se tuvo acceso, y se movilizan para solicitar más apoyos.
Las movilizaciones que se llevan a cabo se han replicado en la sede de la ONU-México en febrero pasado, donde colocaron un campamento.
Según la información aportada por las autoridades, a este colectivo se le atiende desde 2022 pues además del apoyo del mecanismo, se les han instalado mesas interinstitucionales, acompañamiento a diligencias ministeriales, asistencia jurídica para revisar carpetas de investigación.
Sin embargo, muchas de las acciones programadas no se han concluido así como llevado a cabo por la inasistencia o negativa de colectivos a participar.
Otra forma de operar que se ha detectado es la del Colectivo 10 de marzo, el cual ha presentado amparos para que personas sean integradas al mecanismo aun cuando después de una revisión se determinó que el posible riesgo de estas personas no está relacionada con la labor de defensa de derechos humanos.
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KL
