Vivienda digna en México: el ambicioso plan del Infonavit para este 2025

Luego de meses de diálogo, modificaciones y su paso por las diferentes cámaras del país, en febrero pasado finalmente se aprobó la más reciente reforma a la Ley del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), que entrega al organismo la función de construir vivienda de interés social y no solo financiarla, un modelo que ya había ejercido en la década de los 70 y que se modificó por sus malos resultados. 

Se trata de un cambio radical a la forma en la que el organismo había estado operando desde hace 33 años y lo deja en medio de un mar de dudas e incertidumbre sobre si, como afirma el Gobierno de México en su plan sexenal, combatirá eficientemente el rezago de vivienda digna en el país. El plan contempla la construcción de un millón 100 mil viviendas a lo largo de todo el territorio, en conjunto con la Comisión Nacional de Vivienda y el FOVISSSTE, con una inversión de 600 mil millones de pesos. 

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En palabras de la presidenta Claudia Sheinbaum, estos cambios en la estructura del Infonavit están orientados a transparentar el manejo del organismo y de los fondos que administra para que deje de ser solo la entidad que distribuye el ahorro para la vivienda de los trabajadores entre los desarrolladores inmobiliarios, y se convierta en una capaz de construir vivienda de interés social “digna y asequible”, en un intento por atender el enorme rezago —de 8.5 millones de unidades— que tiene el país desde hace décadas.

Prevenir la corrupción en la administración y entrega de los recursos, además de bajar costos y tiempos de construcción son algunos de los ejes centrales de la reforma que se divide en dos grandes sectores: uno que busca atender a los derechohabientes que ganan menos de dos salarios mínimos con créditos baratos, desarrollo de vivienda y arrendamiento social que les permita la compra luego de 10 años con un esquema de pago que no exceda 30 por ciento de sus ingresos, y otro que se ha llevado la mayoría de los reflectores: la creación de una constructora filial del Infonavit, que a su vez podrá subcontratar empresas privadas para la edificación.

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La reforma reaviva las esperanzas de adquirir un patrimonio con precios máximos de 600 mil pesos para sectores de la población que hace mucho habían abandonado ese sueño, como trabajadores con grandes familias que viven al día o jóvenes que desde su nacimiento fueron condenados a rentar como la única alternativa para salir del “nido”, debido a los altos precios de los pisos en las metrópolis del país.

No obstante, también generó una preocupante sensación de déjà vu, en tanto el Fondo operó bajo un modelo muy parecido durante algunas décadas desde su fundación y hasta los años 90, sin mucho éxito.

La segunda vuelta

Lejos de su auge setentero, el modelo de “constructor” con el que nació en 1972 dejó de operar con la reforma a su Ley en 1992, para enfocarse enteramente en el financiamiento, ante señalamientos por ineficacia en la operación, escándalos sobre corrupción, poca transparencia y la cada vez más alejada ubicación de la vivienda “El Infonavit construía vivienda en los años 70, y ahí se dio un cambio interesante en las gestiones porque no podían construir tanta como se necesitaba en el país, debido en parte a la fuerte ola de migración del campo a la ciudad, lo que generó muchos asentamientos irregulares. El Fondo no podía construir a la velocidad que se necesitaba”, narró Nina Carolina Izábal, presidenta de El Colegio de Urbanistas de México (ECUM).

​33 años después, el organismo regresa a su primer modelo, luego de que el mero financiamiento, decenas de reformas a lo largo de los años y los esfuerzos gubernamentales de vivienda no lograron acabar con el déficit habitacional.

Hoy, el nuevo modelo de construcción en marcha divide opiniones, en donde unos alegan que se trata de un retroceso poco viable, mientras otros dicen que se trata de un buen principio para solucionar el problema del techo en México.

¿Una solución viable?

La posible falta de transparencia en la administración de recursos, así como en los criterios para seleccionar los terrenos y los operadores privados de los proyectos son algunas de las dudas que han saltado tras la aprobación de la reforma, seguidas de otras mucho más alarmistas que señalan un posible despojo de los ahorros de los trabajadores.

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“Es importante revisar juntos los mecanismos de implementación para asegurar que los cambios se traduzcan en beneficios reales para los trabajadores, sin comprometer la viabilidad operativa de las empresas. El diálogo abierto y la colaboración son clave para lograr un equilibrio justo y sostenible”, dijo Alejandro Reyes Torres, miembro de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción.

Asimismo, el éxito y viabilidad de la reforma dependerán de que se cumplan factores relacionados con la calidad de vida a la que los trabajadores deberían acceder; como la buena condición de las construcciones, el tamaño —pues desde el año 2000 el lote mínimo ha disminuido de 200m2 a 60m2, estima el ECUM— y la infraestructura alrededor que garantiza la movilidad y servicios a los habitantes.

 “Es necesario planificar las urbes con la construcción como base, pero sin olvidar que la vivienda adecuada es aquella que cuenta con la infraestructura y servicios necesarios para que los asentamientos humanos sean auténticas ciudades y no solo sitios donde dormir o trabajar”, agregó el arquitecto Alejandro Reyes. 

Es decir, gran parte del éxito o fracaso de este modelo de negocio depende de una buena implementación; no obstante, los retos, dudas y posibilidades aún flotan en el aire y solo serán confirmadas por el tiempo... o quizá luego de la construcción de las primeras 186 mil viviendas previstas por la Sedatu para este año.

“La creación de viviendas con orientación social puede fortalecer la cohesión social, economía local, incrementar la propiedad entre los trabajadores. Esto es bueno… Mientras no se repita la historia de las sedes Bicentenario o las grandes construcciones de vivienda alejada: sin equipamientos, sin movilidad, sin servicios públicos, donde todo era especulación de suelo y la calidad de vida pasaba a segundo plano”, dijo Nina Isabel, del ECUM.

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JLR