El Centro de Estudios Económicos del Sector Privado (Ceesp) aseguró que fortalecer el sistema de salud debería ser una prioridad de la política social (como también lo debería ser la educación con calidad).
Lo anterior aseguró “no se puede retrasar, más, cuando la población sufre consecuencias serias en circunstancias sin precedentes. De permanecer, el servicio insuficiente de salud en cantidad y calidad (y la calidad de la educación pública, que ya era baja y sin duda ha sido además afectada por la pandemia), el desarrollo del capital humano enfrentará fuertes limitantes y con ello el crecimiento de la economía se verá restringido. Y el crecimiento es lo único que puede reducir la pobreza de manera duradera”.
El Ceesp expresó que con las decisiones que “parecen más bien improvisadas”, como la de que las clases empezarán “llueva, truene o relampaguee” (como mencionó recientemente el presidente Andrés Manuel López Obrador), sin la seguridad de la existencia de los protocolos adecuados para la previsión de los contagios de covid-19, de su aplicación y de las condiciones propicias de las escuelas, el riesgo es que, “más allá del discurso, las autoridades no puedan dar la atención mínima a la población que lo requiere en estas circunstancias, hacer frente a lo que aún falta de manera adecuada y evitar contagios y decesos innecesarios”.
Afirmó que en el documento de precriterios 2022, se indica que el presupuesto deseable para programas prioritarios en salud de ese año asciende a 132.3 mil millones de pesos, lo cual es apenas 4.1 mil millones más que lo aprobado para 2021.
Sin embargo, en la Estructura Programática a emplear en el Proyecto de Presupuesto de Egresos 2022 que presentó al Secretaría de Hacienda, se elimina el Programa Seguro Médico Siglo XXI, que ofrece “cobertura total a niñas y niños menores de 5 años de edad, afiliados al Sistema de Protección Social en Salud”.
“Quizá sobra decir que el deterioro del desempeño del sector Salud ha sido profundizado también por la escasez de medicamentos, sobre los que hay evidencia sólo anecdótica pero abundante a lo largo de los últimos dos años por lo menos. Ello es producto de la decisión, también precipitada, de centralizar sus compras y evitar la provisión por parte de empresas que se dice que son corruptas, aunque a nadie se ha procesado por ese presunto delito”.
