Hace poco más de un año, las víctimas del fabricante de opiáceos Mallinckrodt esperaban un pago de mil 700 millones de dólares hasta 2028. En aquel momento, la compañía había salido de la protección del Capítulo 11 de la Ley de Quiebras y se enorgullecía de ser el primer productor del ramo que utilizaba con éxito el proceso judicial para reorganizarse y compensar a los afectados.
En agosto de este año, estaba de nuevo en el tribunal de quiebras. Ahora, la indemnización se reducirá en poco más de mil millones de dólares, si, como se espera, un juez federal estadunidense aprueba un plan de bancarrota para traspasar la propiedad de Mallinckrodt a un grupo de fondos de cobertura de deuda en dificultades y otros gestores de activos.
A las personas que resultaron perjudicadas por los analgésicos genéricos ahora solo les queda recibir un último pago de 250 millones de dólares antes de que la firma con domicilio en Irlanda extinga de forma definitiva su responsabilidad.
El caso Mallinckrodt es el último en poner de relieve las deficiencias de un sistema que se diseñó con imperfecciones para manejar los llamados casos de responsabilidad civil masiva, en los que muchas víctimas se ven perjudicadas por productos peligrosos similares.
“El sistema de quiebra dejó a las víctimas con una fracción de la indemnización a la que habrían tenido derecho fuera de la bancarrota”, dijo Joseph Steinfeld, abogado que representa a miles de víctimas de Mallinckrodt.
“Peor aún, no tienen ningún poder real para oponerse cuando los acreedores, que tienen una prioridad más alta, pueden reducir sus recuperaciones a casi nada”.
En un trío de casos recientes, los tribunales de apelación cuestionaron si las herramientas particulares de la quiebra estadunidense acaban pisoteando los derechos de las víctimas que disienten del acuerdo negociado.
Purdue Pharma, la empresa propiedad de Sackler, es responsable del potente medicamento OxyContin, intentó utilizar un acuerdo de quiebra de 6 mil millones de dólares para proteger a los miembros de la familia de futuras demandas relacionadas con la crisis de los opioides en EU. En agosto, la Corte Suprema dejó en suspenso ese acuerdo.
Los tribunales de quiebras ya anularon en dos ocasiones los intentos de Johnson & Johnson de utilizar el sistema para limitar las demandas de los consumidores que afirman que sus polvos de talco provocan cáncer.
Y 3M, que intentó utilizar el proceso de la protección del Capítulo 11 para contener el daño causado por tapones para los oídos militares supuestamente defectuosos, al final aceptó un acuerdo de 6 mil millones de dólares con 250 mil veteranos fuera del tribunal de quiebras después de que un juez federal desestimó su plan.
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El caso Mallinckrodt muestra cómo las víctimas que llegan a acuerdos multianuales con empresas que se acogen al procedimiento de quiebra al final pueden salir perjudicadas.
Muchos abogados especializados en quiebras argumentan que el proceso de protección del Capítulo 11 le brinda a las víctimas más certeza, resuelve las demandas rápidamente y evita una lotería en la que los jurados pueden otorgar grandes indemnizaciones a algunos demandantes mientras que otros no obtienen nada.
Pero después de que Mallinckrodt salió de la protección del Capítulo 11 en junio de 2022, casi de inmediato demostró ser incapaz de pagar tanto las obligaciones del acuerdo como sus otras deudas. Los culpables fueron ventas peores de las esperadas y el rápido aumento de las tasas de interés, que dispararon el costo del servicio de los préstamos a tasa variable.
“Mallinckrodt es un ejemplo doloroso de que el historial de quiebras por responsabilidad civil masiva no es tan sólido como suelen afirmar los abogados de reestructuración”, dijo Melissa Jacoby, profesora de derecho en la Universidad de Carolina del Norte.
El acuerdo de compromiso eliminará el valor del capital público de Mallinckrodt. Sus acreedores preferentes y tenedores de bonos tomarán el control de la empresa con valor de 3 mil millones de dólares, la mitad de la valoración establecida en su caso de quiebra de 2022.
La reducción de los pagos al fideicomiso que representa a las víctimas de los opioides fue “terrible”, dijo un abogado al tribunal, pero añadió que era el mejor resultado que se podía negociar en un compromiso rápidamente alcanzado entre los acreedores durante el verano.
En junio, los prestamistas y tenedores de bonos pidieron a la farmacéutica no transfirir los 200 millones de dólares que le debía al fideicomiso de opioides, ya que los acreedores financieros tenían reclamaciones de mayor rango que estaban aseguradas con garantías de la empresa. Por el contrario, los pagos del fideicomiso no estaban garantizados y de menor rango.
Un importante prestamista preferente declaró a Financial Times que el fideicomiso logró un buen negocio al tener en cuenta su condición de no garantizado y cuánto se había evaporado el valor de la empresa entre sus quiebras.
Los prestamistas preferentes y los tenedores de bonos están recuperando el equivalente a entre 81 y 95 centavos por dólar a través del capital social en la reorganizada Mallinckrodt, según documentos judiciales. Los acreedores garantizados de segunda prioridad solo obtienen 11 centavos por dólar.
Un representante del fideicomiso, que no está autorizado a hablar públicamente, reconoció que el resultado pudo ser peor. La dirección de Mallinckrodt presionó a los prestamistas y tenedores más importantes para que permitieran la concesión financiera final de 250 millones de dólares.
“La única razón por la que tenemos 250 millones de dólares es que la compañía hizo lo correcto en algún nivel”, dijo el representante.
Sin embargo, aunque el fideicomiso de opioides ahora solo recibirá una fracción del acuerdo original después de las últimas dificultades financieras de la compañía, algunas características importantes de la quiebra original permanecieron inamovibles, como exenciones legales permanentes con las que evitan ser demandados por cualquier presunta irregularidad.
