Los trabajadores de una empresa de jardinería en Tennessee ya no se sienten seguros. Todos los días observan vehículos oscuros que patrullan entre las sombras y agentes encubiertos que vigilan los espacios donde antes reinaba la rutina y la confianza. Los rondines de la patrulla fronteriza los tienen en estado de alerta.
El michoacano Salomón, dueño de Martinez Lawn Care, también experimenta esa incertidumbre. Algunos empleados con los que ha compartido más de una década de trabajo, sol, lluvia y cansancio, han optado por irse. La necesidad de mantener el funcionamiento de su negocio y el temor a las razias ha provocado que sustituya a migrantes sin papeles por trabajadores con visas temporales.
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La situación ha cambiado
Las nuevas políticas migratorias de Donald Trump buscan sancionar por diversas vías a quienes empleen indocumentados y, por ello, los empresarios ahora revisan con lupa el estatus migratorio de sus trabajadores.
De acuerdo a una estimación de Notivox elaborada con cifras del Departamento del Trabajo (DOL, por sus siglas en inglés), las autoridades de Estados Unidos otorgaron alrededor de 370 mil visas temporales en 2023 y casi 500 mil en 2024. Tan sólo en lo que va del 2025 –entre enero y junio– ya han sido concedidos medio millón de permisos.
Estas visas permiten a ciudadanos extranjeros emplearse por ciertas temporadas y tienen dos modalidades: las licencias agrícolas (H-2A) y los permisos para oficios no agrícolas (H-2B). La vigencia depende de las características de la actividad.
Los permisos son exclusivos para empleos no permanentes, y los patrones deben demostrar que no hay suficientes trabajadores estadunidenses disponibles para cubrir esos puestos.
La empresa Martínez Lankier es una de ellas. Tiene un equipo de jardinería que desde hace una década trabaja en Tennessee cortando pasto, removiendo arbolado, sembrando flores y construyendo caminos, una de las actividades que mayor escasez de mano de obra manifiesta en este 2025.
“Tengo que traer trabajadores temporales desde México”, resuelve Salomón Martínez en entrevista con MILENIO.
El lado oscuro de las visas temporales
Defensoras de los derechos humanos y congresistas estadunidenses han documentado el lado oscuro de las visas temporales: abusos contra los trabajadores, falta de vigilancia de los gobiernos estatales involucrados e injerencia del crimen organizado.
El Economic Policy Institute (EPI), un centro de estudios con sede en Washington, señala que las visas H-2 propician el tráfico de mano de obra forzada.
“Así, lo que sobre en el papel es una vía de migración segura. En la práctica funciona como un filtro que selecciona a los más vulnerables para ser abusados por los intermediarios y los ata a un patrón”, plantea el informe.
Los mexicanos reciben la mayor cantidad de visas de trabajo temporal: representan alrededor del 90 por ciento de los permisos H2-A y el 65 por ciento de las licencias H2-B, revela un análisis del Instituto de Política Migratoria (MPI por sus siglas en inglés).
Un tercio de los migrantes se emplean como yeseros, estucadores, instaladores de paneles y colocadores de techos. Otras fuentes de trabajo se encuentran en la construcción, la agricultura, la hotelería y los servicios de limpieza. Los trabajadores forestales y en el ámbito de la conservación también tienen buena demanda.
Auge de las visas temporales
El incremento de ofertas de empleo para trabajadores temporales es una tendencia creciente en los últimos años. Ya en 2010 la cifra era mayoritaria para las visas H-2A, de trabajos agrícolas –que sumaron 52 mil– mientras que las H-2B de oficios como construcción, paisajismo, jardinería o herrería sumaban 33 mil documentos.
Pero a partir del 2015, según el Departamento del Trabajo, se rebasó por primera vez la barrera de los 100 mil permisos para las faenas en el campo y otros 50 mil para los demás oficios. Y no ha parado.
En 2023 se reconoció “un máximo histórico” de visas aprobadas H-2A y H-2B: 284 mil y 85 mil respectivamente, pero un año después ese récord se quedó atrás: escaló a 380 mil para el sector agrícola y 131 mil visas H-2B.
Pero este 2025 es inédito: el número de visas para el campo sigue siendo ilimitado; no así en el caso de las H-2B, que tienen topes según mandato legislativo.
El presente año, aunque en el Congreso se autorizó el mismo número de visas H-2B en comparación con 2024, entre enero y junio de 2025 ya había 231 mil solicitudes por parte de empresarios de varios estados del país, a quienes les urge mano de obra.
Apenas van seis meses y ya se rebasó por mucho el número de peticiones de todo el año anterior, cuando sumaron 215 mil plazas.
De acuerdo con el American Immigration Council, una organización sin fines de lucro en Estados Unidos, los sectores con mayor dependencia de mano de obra indocumentada coinciden con áreas donde se han incrementado las solicitudes de visas para trabajo temporal.
Y justo ahí la persecución de las fuerzas punitivas de Trump deja un socavón laboral, demuestra el Consejo de Inmigración en un estudio. Y cita ejemplos: uno de cada tres yeseros, estucadores, instaladores de paneles o colocadores de techos en la Unión Americana no tienen documentos; uno de cada cuatro obreros agrícolas, jornaleros y personal de limpieza, tampoco.
Hasta contratar es riesgoso
“Yo nunca había hecho este tipo de contrataciones”, reconoce Salomón Martínez, un inmigrante mexicano que adquirió la ciudadanía estadunidense. “Ahora debo tener mucho cuidado”.
Incluso contrató a un abogado para que le haga el trámite a fin de reclutar a 12 trabajadores temporales. El desconocimiento del proceso y el papeleo le provocan ansiedad, pero sabe que no tiene opción.
El proceso requiere paciencia, cuidado. También inversión: traer un solo trabajador cuesta miles de dólares, sin contar el tiempo perdido enseñando a hacer las faenas.
“Los que lleguen no van a rendir lo mismo al principio. Es volver a empezar desde cero”, dice, pero tiene su meta muy clara: sumar cinco nuevos empleados temporales para compensar la pérdida de otros, y llegar a una plantilla de 12.
No piensa echar por la borda su empresa que tanto le costó construir en su trayectoria migrante. Salomón, como muchos otros, no nació en Estados Unidos, sino en Michoacán, y creció en Iztapalapa, en la Ciudad de México. Llegó a Estados Unidos a los 14 años para probar suerte.
“Le agarré amor al dinero”, confiesa.
Cuando se legalizó por un abuso de autoridad en su contra, abrió un restaurante, pero no se sentía a gusto y finalmente fue la tierra la que habló para llevarlo a la jardinería, uno de los oficios más requeridos en la Unión Americana.
Ahora está en la cuerda floja y no por falta de clientes, ni por falta de trabajo. Su reputación ha sido su mejor tarjeta de presentación: proyectos residenciales, comerciales, clientes leales. Los problemas llegaron por la fragilidad de la permanencia de su gente.
“Todos los días me levanto, salgo con la mejor actitud, pero no sé cómo me va a ir sin mano de obra”, dice sombrío.
Necesitan inmigrantes, pero con papeles
Desde sus primeros días, el gobierno estadunidense envió señales de que la mano de obra extranjera será su apuesta, pero no de forma permanente: quieren trabajadores que no sienten raíces.
A los pocos días de que Donal Trump tomó el poder por segunda vez, el Departamento de Trabajo reconoció sin rodeos:
“No hay suficientes trabajadores estadunidenses capaces, dispuestos y calificados disponibles para realizar el trabajo necesario” en la agricultura y otras áreas; y sin embargo, endureció su postura en contra de los empleadores.
La Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI, por sus siglas en inglés), implementó un control migratorio en los lugares de trabajo mediante inspecciones de formularios, multas civiles e inhabilitación de las compañías.
“Vamos principalmente en contra de quienes abusan y explotan a sus trabajadores, facilitan la trata o el contrabando de sus empleados extranjeros hacia los Estados Unidos. Crean documentos de identidad falsos, facilitan el fraude de documentos o diseñan un modelo empresarial íntegro utilizando personal no autorizado”, señaló Derek Benner, director de HSI.
Recientemente este organismo de seguridad interior exhibió con bombo y platillo el caso de Asplundh Tree Experts Company, una de las empresas más grandes del país en infraestructura y energía, a la que multaron con la cifra récord de 95 millones de dólares porque los gerentes “de todos niveles” contrataron personas sin documentos migratorios.
Pero, incluso con estas medidas algunos políticos republicanos creen que no es suficiente. El senador republicano por Ohio, Bernie Moreno, presentó recientemente la Ley de Refuerzo de la Responsabilidad de los Empresarios que Contratan a Personas Físicas y de Reforma de la Aplicación de la Ley, conocida como SAFE HIRE Act.
Su propuesta exige que los directores generales y de recursos humanos comprueben ante la Comisión de Bolsa y Valores que han verificado el estatus migratorio de todo su personal. Quienes falseen deliberadamente esa información podrían enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de un millón de dólares.
Justificó su propuesta con el argumento de que la mano de obra indocumentada lleva a la baja los salarios para el resto de los trabajadores:
“No vamos a ser un país con salarios de esclavos”, justificó.
Durante el primer mandato del gobierno de Trump (2017-2021) el centro de análisis político y migratorio Wilson Center observó que las redadas, el refuerzo de controles migratorios y las sanciones a empleadores que contrataran indocumentados llevaron al incremento de la contratación con visas H-2A y H-2B.
“Los empleadores se dieron cuenta de aunque los trabajadores temporales tienen mayores costos, son más convenientes que los residentes establecidos, pues son más jóvenes (tienen entre 20 y 30 años) y, debido al aumento en los niveles de educación en México, están mejor capacitados y son más productivos”, concluyó Philip Martin, analista del Wilson Center.
“Comprenden la tecnología que se está introduciendo en algunos trabajos manuales, incluyendo robots que transportan las uvas y bayas cosechadas desde los recolectores individuales hasta las estaciones de recolección, por ejemplo”.
Llega el trabajador temporal… y encuentra problemas
Aunque las vacantes para trabajadores temporales son públicas y promovidas por la Embajada de Estados Unidos a través de su página web (https://seasonaljobs.dol.gov/), lo cierto es que para los inmigrantes es complejo consultar la información.
Por eso el primer abuso suele ocurrir en el “enganche”, según el Economic Policy Institute, el binacional Centro para los Derechos del Migrante y la asociación civil mexicana Proyecto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
En la teoría, el Departamento del Trabajo publica la vacante y el trámite de contratación corre por parte del patrón –desde los pagos hasta la búsqueda– pero, en la práctica, este recurre a intermediarios o “contratistas”, que muchas veces se aprovechan de la ignorancia de los trabajadores y les cobran por cada etapa del proceso, desde la información de dónde hay vacantes, hasta su arribo al lugar en el cual prestarán sus servicios.
Ya en Estados Unidos la cosa se complica, pues muchas veces el trabajo no era el que se prometía, o el pago es menor, o las condiciones de vivienda indignas; el empleador no se hace responsable de su salud y les retienen los documentos.
Humberto Salinas, presidente de la Agencia de Colocación y Capacitación Consular en Monterrey, observa que la apuesta por las visas temporales es muy preocupante porque encuentra a México sin presupuesto, sin vigilancia y sin un plan claro para proteger al trabajador.
“El gobierno de México no está preparado”, advierte.
“No hay acompañamiento, no hay supervisión, no existe el inspector migratorio laboral”, lamenta.
Esto se traduce en que sólo se conocen “quejas aisladas” de trabajadores accidentados, enfermos o fallecidos; casos que, asegura, son apenas la punta del iceberg.
“Hace falta dinero”, dice previo a que se discuta el Proyecto de Egresos del Presupuesto del próximo año en el Congreso mexicano.
Según sus cálculos, acompañar a cada migrante costaría unos 650 dólares, considerando traslados, estancias, alimentación y asistencia en el consulado.
“El aumento de trabajadores temporales hacia Estados Unidos requiere de dinero, que yo no veo que se esté autorizando”, advierte Salinas.
Notivox contactó a la Secretaría del Trabajo mexicana a través de su área de Comunicación Social para indagar si cuenta con una estrategia para mejorar el proceso de contratación y vigilancia de mano de obra mexicana, a fin de frenar los abusos descritos, pero hasta el momento no se obtuvo respuesta.
La advertencia del abogado Salinas es clara: la oportunidad de dar certidumbre y dignidad laboral está ahí, pero requiere de voluntad política, coordinación binacional y una inversión sustancial. Sin eso, el país seguirá enviando jornaleros y obreros al otro lado de la frontera en un esquema que, para muchos, continuará siendo un remedio peor que la enfermedad.
MD
