Katheleen Williams, jueza del distrito sur de Florida que había ordenado el cierre del centro migratorio Alligator Alcatraz, reiteró el fallo el miércoles 27 de agosto.
La jueza había establecido un plazo de 60 días para realizar la clausura del recinto. Esta determinación suscitó diversas opiniones, incluso de otros jueces que se opusieron; sin embargo, dijo que respetará el acuerdo que mantiene con grupos ambientalistas y la tribu Miccosukee, afectada por la construcción del centro.
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¿Qué declaró Williams?
Frente a la oposición de los abogados del Departamento de Seguridad Nacional estadunidense (DHS, por sus siglas en inglés), la jueza negó las solicitudes de pausar su orden de clausura, tras expresar que autoridades estatales y federales encargadas de Alligator Alcatraz violaron la ley federal que requiere una revisión ambiental para construir en medio de humedales en riesgo.
La jueza de Miami resaltó que el número de detenidos ya estaba disminuyendo y que:
Los "objetivos de aplicación de la ley de inmigración del gobierno federal no se verán frustrados por una pausa en las operaciones", debido a que el DHS argumentó que el fallo se interpondría en mencionada ley.
El Departamento de Seguridad Nacional no quiso decir cuántos detenidos quedaban y cuántos habían sido trasladados desde la orden judicial temporal de la jueza la semana pasada, de acuerdo con la AP.
"El DHS está cumpliendo con esta orden y trasladando a los detenidos a otras instalaciones", aseveró el Departamento el jueves en un comunicado enviado por correo electrónico.
Continúan denuncias contra Alligator Alcatraz
Los abogados del DHS dijeron en un documento judicial que la ley ambiental federal "no se aplica a un estado como Florida" y que el gobierno no es responsable del centro de detención, debido a que no han invertido en la construcción u operación del centro. Sin embargo, el estado de Florida continúa buscando financiamiento federal.
"No se han tomado decisiones finales de financiación", indicaron los abogados.
Se reportó que 22 estados liderados por republicanos instaron a la Corte a revocar el fallo. argumentando en un documento judicial que "la jueza excedió su autoridad" y que las leyes ambientales federales sólo se aplican a las agencias federales, no al estado de Florida.
En oposición, durante julio, grupos en defensa de los derechos civiles también presentaron una segunda demanda contra los gobiernos estatal y federal por prácticas en la instalación de los Everglades, alegando que a los detenidos se les negaba el acceso al sistema legal.
Además de Friends of The Everglades y Center for Biological Diversity, ambientalistas con los que trabajó la jueza, el viernes 22 de agosto, grupos de derechos civiles presentaron una tercera demanda sobre prácticas en la instalación en un tribunal federal en Fort Myers, describiendo "problemas graves" en la instalación que eran "previamente desconocidos en el sistema de inmigración".
Con información de AP
MD
