A través de un comunicado, el Sindicato Único de Trabajadores de la Universidad Politécnica de Tulancingo (SUTUPOT) acusó irregularidades en el proceso de baja definitiva contra el docente Ángel Ramírez Montiel, cesado por acusaciones de acoso y abusos contra universitarios, quien el 25 de julio fue agredido a golpes en el aula por uno de sus alumnos, que lo acusó de haberse burlado de él reiteradamente.
De acuerdo con el organismo sindical, en el proceso existieron irregularidades, “dentro de las cuales podemos mencionar que el docente afectado nunca fue emplazado para rendir su declaración con asistencia de un abogado”. De igual manera, añade el pronunciamiento:
“Hubo total omisión para conocer el motivo, razón o circunstancia del porqué se le dio de baja y mucho menos se le dio la oportunidad de defenderse y ofrecer pruebas, además de no contar con una resolución fundada y motivada por el colegiado del Comité de Ética y Conflictos de Interés (CEPCI) de la universidad”.
La representación sindical agregó que esto representa una violación de derechos “no solo laborales, sino de responsabilidad patrimonial y moral por parte de las instituciones y autoridades educativas, pues el profesor sindicalizado supo de su separación laboral por medios de comunicación y sin que, al efecto, se le asistiera por sus representantes sindicales”.
Por ello, calificaron el despido como arbitrario y carente de sustento jurídico, y demandaron la inmediata revisión del procedimiento seguido hasta el momento.
Así como “la suspensión inmediata para cualquier efecto del comunicado de la Universidad hasta agotar el procedimiento legal correspondiente, en el cual se garanticen las condiciones de debida defensa y legal durante el proceso”.
“Reiterando que consta en evidencia que el profesor no contó con asistencia legal ni durante su comparecencia ante el Comité de Ética y Prevención de Conflictos de Interés; vulnerando su derecho a una defensa adecuada”.
Sanciones a otros docentes
El 5 de agosto, tras el caso viral de la agresión contra Ángel Ramírez, alumnos se manifestaron denunciando haber sido víctimas del trabajador administrativo que fue habilitado como docente.
En la resolución del CEPCI, otra trabajadora involucrada, identificada como Nadia N., fue reubicada a labores administrativas y no podrá dar clases frente a grupo; y otro docente, Fernando F., renunció a su cargo por señalamientos de acoso y fraude. De estos dos casos, el SUTUPOT no se refirió en su pronunciamiento.
