La Contraloría de Michoacán emitió una resolución que inhabilita a Silvano Aureoles Conejo para ocupar cargos públicos o de representación popular, debido a que no presentó la declaración de su patrimonio al concluir su gestión como gobernador del estado.
Por mandato de ley, Silvano Aureoles estaba obligado a presentar su declaración patrimonial final dentro de un plazo de 40 días posteriores a su separación del cargo de gobernador.
Su gestión concluyó el 30 de septiembre del 2021, sin embargo, entregó su declaración hasta el 29 de octubre del 2022. También omitió presentar su modificación de declaración patrimonial en mayo del 2021 y la presentó después de más de un año.
Después de concluir su gobierno, Silvano Aureoles declaró no tener bienes muebles ni propiedades, lo que contrasta con los dichos del propio gobernador en un mitin realizado en febrero, donde aseguró tener una casa en Zitácuaro y otra en Morelia.
El 23 de febrero, la Contraloría del Gobierno de Michoacán emitió una resolución administrativa que sanciona a Silvano Aureoles con 11 meses de inhabilitación, periodo en el que no podrá desempeñar empleos, cargos o comisiones en el servicio público, ni participar en adquisiciones, arrendamientos, servicios u obras públicas.
OA
