Aunque en la última década ha tomado notoriedad el huachicol y el huachicol fiscal, tiene una larga historia en México de más de 50 años.
Este delito se puede rastrear hasta la década de los años 70 y 80, con reportes de ingreso ilegal de gasolina y diésel en zonas fronterizas del norte del país.
Y para los años 90, con el Tratado de Libre Comercio vigente, se documentó la presencia de “gasolina pirata” que entraba por aduanas con facturas falsas o triangulando importaciones.
Con la llegada del nuevo milenio, este fenómeno se volvió más sofisticado, no solo por el contrabando en las fronteras, sino que también se empezó a echar mano de empresas importadoras que declaraban combustibles como otros productos para evadir impuestos.
¿Cómo surgió el "huachicol fiscal"?
Pero fue en el 2010 cuando el término “huachicol fiscal” comenzó a tomar fuerza para diferenciarlo del robo directo de los ductos.
En este periodo, las autoridades empezaron a enfrentar el problema con acciones a través de Hacienda y la Comisión Reguladora de energía, al detectar que miles de millones de litros de combustible entraban con facturas alteradas o subvaluadas para no pagar IEPS e IVA.
A partir de 2018, el gobierno identificó que este delito era equiparable al huachicol tradicional, por lo que empezó a perfilar su combate frontal. En 2020, fue tipificado y se endurecieron las penas contra las empresas factureras de combustibles.
Ataque frontal contra el robo de combustible
Con un mes como presidente, López Obrador anunció un plan para combatir el robo de hidrocarburos con la participación de 15 dependencias, ya que se detectó que en el sexenio anterior se robaban 80 mil barriles diarios de gasolina.
De esta manera, el Ejército y la Marina fueron desplegados para vigilar instalaciones estratégicas, poliductos, tanques y cuartos de control, así como escoltar el transporte terrestre de más de 2 mil millones de litros que circulaban a diario por las carreteras.
Y aunque se redujo el robo de combustible, esta estrategia de trabajo significó descubrir otros problemas y replantear la operación, lo que provocó que durante 13 días hubiera escasez de diésel y combustible en el país.
A la par de las acciones en campo, iniciaron los cambios legales para fortalecer el combate a este delito. Por ejemplo, se modificó la Constitución para que los jueces ordenaran prisión preventiva oficiosa sobre delitos en materia de hidrocarburos.
Y además se creó un equipo de trabajo para detectar los modelos operativos y esquemas fiscales que permitían a empresarios y particulares lavar dinero proveniente de la venta ilegal de hidrocarburos.
Los detenidos por el delito de huachicol
Así, empezaron a caer los primeros delincuentes de los más de 4 mil detenidos relacionados con estos delitos, entre ellos José Antonio Yépez Ortiz, alias El Marro, quien encabezaba una organización criminal dedicada al robo de combustible en Guanajuato.
Además, se identificaron grupos de empresas fantasma, empresas fachada como almacenadoras de combustible y estaciones de servicio; personas físicas que servían como testaferros para realizar operaciones bancarias y aparentar la comercialización de hidrocarburos y redes de funcionarios y ex funcionarios públicos.
Como resultado, se detuvo a diversos operadores de esa organización: Héctor Iván Pineda Torres (ex funcionario del SAT); Gualberto Morales Ramos; y Faustino Alcántara Ruiz El 17 o El Jr, integrante del CJNG.
Según el propio gobierno, estas acciones permitieron reducir 94.2 por ciento de este delito, al pasar del robo diario de 81 mil barriles, en noviembre de 2018, a 4 mil 700 barriles en agosto de 2024 y evitó pérdidas por 348 mil millones de pesos.
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ksh
