La Fiscalía Anticorrupción de la Fiscalía General del Estado (FGE) de Morelos logró que un juez de control vinculara a proceso a tres ex servidores públicos de la Secretaría de Desarrollo Sustentable (SDS), quienes formaron parte de la administración estatal 2012–2018 encabezada por Graco Ramírez, por su presunta implicación en el delito de ejercicio indebido del servicio público.
De acuerdo con el resolutivo de la audiencia judicial correspondiente, el juez determinó que existen elementos suficientes para iniciar un proceso penal contra Einar Topiltzin 'N', quien fungió como titular de la SDS; José Iván 'N', ex subsecretario de Gestión Ambiental; y Noé 'N', quien ocupó el cargo de director general en la misma área.
De acuerdo con la investigación ministerial previa, los tres ex funcionarios habrían incurrido en omisiones relacionadas con la Planta de Valorización de Residuos Sólidos Urbanos, localizada en Xochitepec, a la que se destinaron más de 39 millones de pesos de recursos públicos.
El proyecto, construido en 2016, hoy se encuentra fuera de funcionamiento y en condiciones de abandono.
La investigación y las pruebas sostienen que el entonces secretario incumplió con la supervisión, administración y dirección de los programas estatales de manejo de residuos, incluido el plan integral de gestión en la entidad.
En tanto, el ex subsecretario habría desatendido la ejecución de convenios para la correcta operación de la planta, y el exdirector general habría omitido realizar las tareas de coordinación y seguimiento necesarias para garantizar su funcionamiento.
La falta de acciones operativas, técnicas y jurídicas provocó el abandono total de la planta, así como un daño directo al patrimonio estatal. Se detectaron, además, fallas estructurales en el diseño del proyecto, como la ausencia de personal especializado, protocolos inadecuados y carencia de mecanismos de control interno.
Otro de los señalamientos es que nunca se notificó al entonces gobernador que el complejo sería instalado en una zona de reserva ecológica clasificada como selva baja caducifolia, lo cual generó un impacto ambiental no previsto.
El juez otorgó seis meses para que se lleve a cabo la investigación complementaria.
Mientras tanto, los imputados deberán acudir a firmar mensualmente ante la Unidad de Medidas Cautelares como medida preventiva.
MO
