En el estado de Durango se tienen registrados 120 casos activos de violencia vicaria; sin embargo, estos siguen siendo catalogados como violencia familiar debido a que no existe una legislación específica que reconozca esta modalidad, informó Olga Lidia Mejía Vázquez, representante del colectivo contra la Violencia Vicaria en la entidad.
“Tenemos activos 120 casos aquí (Durango), no todas lo hacen público por el amedrentamiento, por toda la circunstancia por la que están pasando. Pero estamos activas, y estamos solicitando que se tipifique la Ley Vicaria”, declaró.
Te recomendamos...
Mejía Vázquez señaló que en el Congreso local ya existe una iniciativa para tipificar esta forma de violencia, la cual esperan pueda ser analizada y aprobada a la brevedad.
“Todavía no tenemos la Ley Vicaria, precisamente en el Código Penal tiene que venir. Lo único que hacen es denunciar por violencia familiar, y muchas que no tienen a sus niños, van por el delito de sustracción, retención y ocultamiento. Eso es lo único que estamos exigiendo. En el Congreso ya hay una iniciativa, ya está en 30 estados, ya sólo falta Durango y Chihuahua. Es un mandato federal que ya estuviera aquí la ley. Eso es lo que estamos promoviendo”.
La activista también destacó que el colectivo estará atento a los cambios dentro del Tribunal Superior de Justicia, ya que de ahí se derivan los casos relacionados con violencia vicaria.
“Y como observadoras, estamos checando cómo van a ser los cambios en el Tribunal (Superior) de Justicia, porque son cinco juzgados familiares donde se derivan todos los casos de mamás que son las que viven este tipo de violencia”.
Subrayó además la necesidad de que tanto jueces como magistrados —actuales y futuros— actúen con perspectiva de género y en beneficio de las infancias.
“No sabemos los jueces o las juezas, es importante hacerlo con perspectiva de género, en favor de la infancia. Le hace mucha falta al estado en capacitación. El Congreso ya tiene la información, ya hemos tenido mesas de trabajo, diálogo en el sentido de que se tienen que invertir recursos para este tipo de capacitaciones. Pero también, como ética, cada juez, cada magistrado debe tener en cuenta toda esta circunstancia”.
edaa
