Aun cuando hay una cifra negra importante en la violencia contra la mujer, en Durango sólo un 10 por ciento de los delitos que se denuncian llegan a una sentencia, además de que se ha detectado que los sentenciados por agresiones contra la mujer tienen beneficios, pues en algunos casos sólo cumplen con la mitad de la pena que se les impone, lo que afecta a las personas que recibieron la agresión.
De la misma manera, en Durango existen 107 casos de agresiones institucionales, principalmente de las dependencias encargadas de la procuración de justicia, como en los juzgados, donde la praxis solamente afecta a los menores por las disputas judiciales entre los cónyuges.
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Son pocos los casos que se han conocido en la opinión pública, dado que muchas mujeres sienten miedo no solamente de las amenazas, sino también de las actuaciones fuera de norma en el Poder Judicial local.
En el recuento de los casos, las mismas víctimas afirman que los juicios se intentan mantener en la esfera local, puesto que al pasar a otro nivel en el Poder Judicial, no se tiene el control de lo que pueda suceder.
Julieta Hernández Camargo, presidenta de Sí hay mujeres en Durango, señala que en lo que respecta al tema de los delitos sexuales, la ley tiene algunos artículos que ayudan al agresor para que sólo cumpla con la mitad de la condena; uno de ellos es la buena conducta.
“Vimos dos sentencias por delitos sexuales contra menores, son niñas; los agresores salieron libres porque se portaron bien, y es que los sentenciados tienen sus beneficios, es decir, si estudian o trabajan dentro del Cereso, su condena se reduce hasta un 50 por ciento de la pena. Claro, es la ley: salen pronto, salen a la mitad de la condena.
Hay un caso de una persona que fue abusada desde 2016 por su madre, por su padrastro, y no han podido terminar el caso porque están de amparo, apelación, amparo, apelación. Tengo otro caso en La Laguna, de 2016, que ella ya hasta se casó, y no se ha podido lograr que sentencien al individuo”.
La entrevistada comentó que es un problema esta situación, dado que las víctimas sienten miedo porque, al reducirse la condena, los agresores pueden buscar venganza por haber estado en la cárcel.
Explicó que, en términos generales, la ley se debe aplicar, pero en muchos de los casos resultan insuficientes los recursos humanos y materiales para una justicia objetiva.
Son 107 casos de violencia vicaria en Durango
En Durango se han registrado 107 casos de violencia vicaria, y aunque no todos son conocidos, no solamente ocurre en el Poder Judicial, sino también en organismos de procuración de justicia, que no los hacen públicos por miedo a represalias, dijo Olga Lidia Mejía, del Frente Nacional contra la Violencia Vicaria.
Indicó que la mayor carga de problemas se encuentra en el Poder Judicial, dado que se les da más prioridad a los hombres.
Expuso que uno de los principales problemas son las malas prácticas, no solamente de jueces varones, sino también de mujeres. Además, en la Fiscalía General del Estado de Durango se presentan este tipo de situaciones en diversos casos, por lo que se considera una agresión institucional.
Las deficientes prácticas de la Fiscalía del Estado y del Poder Judicial provocan que sean pocas las mujeres que se atrevan a denunciar por temor; aunque en Durango hay 107 casos, los expedientes están atorados y los acuerdos no llegan.
Una de las víctimas de violencia vicaria fue Claudia Vázquez, quien promovió un trámite de divorcio, pero solamente se dio una disolución matrimonial: no se fijó una pensión para sus dos hijos, ni se otorgó la patria potestad de los menores. El exesposo de la denunciante es hermano del presidente del Tribunal Superior de Justicia, por lo que considera que no ha habido un trato justo.
El caso de Julieta Sifuentes tiene que ver con amenazas institucionales y malas praxis en el Poder Judicial, por una pensión alimenticia para sus dos pequeños que se adeuda desde 2014. Además, su expareja cuenta con diagnóstico de problemas de salud mental, por mencionar algunos de los casos que siguen atorados.
Reformas legislativas en proceso: hacia un cambio estructural
Por su parte, Gabriela Vázquez Chacón, legisladora local, dio a conocer que durante la presente legislatura, todas las fuerzas políticas han presentado diversas propuestas respecto a la violencia contra la mujer. En algunas, se han sentado las comisiones para discutirlas y poder dictaminarlas.
Consideró que esta legislatura le ha apostado mucho a estos aspectos, y que valdría la pena seguir hablando de este primer círculo, que es la familia, para avanzar y educar a los niños y saber prevenir cualquier tipo de violencia, no solamente la psicológica.
Otro tema que resaltó tiene que ver con la seguridad que deben tener las mujeres en el momento que interponen una denuncia formal, es decir, que se sostengan y no la retiren, y que se sigan los procedimientos conducentes.
“Entiendo que una carpeta de investigación lleva su tiempo para realmente corroborar si el delito se realizó y poder llevar a cabo esta parte de la justicia. Sin embargo, creo que nunca va a haber dinero que alcance, pero no debe ser una limitante para seguir trabajando”.
Con el objetivo de tipificar como tentativa de feminicidio el uso de ácidos o sustancias corrosivas contra mujeres, el diputado Fernando Rocha Amaro, del Grupo Parlamentario del PAN, propuso reformar el Código Penal Federal.
Rocha Amaro señaló que la propuesta incluye agravar la pena hasta en un tercio cuando en el feminicidio se utilicen ácidos o sustancias corrosivas para causar lesiones o la muerte de la víctima.
También el legislador local Otniel García Navarro presentó durante el mes de marzo una iniciativa sobre violencia vicaria, que es la violencia institucional contra las mujeres.
Dentro de los datos presentados por el parlamentario de Morena durante aquella sesión, se encontraba que, de acuerdo con la Encuesta Nacional sobre la Dinámica de las Relaciones en los Hogares, la violencia de género sigue siendo una realidad alarmante en México, ya que el 70.1% de las mujeres mayores de 15 años han sufrido algún tipo de violencia; el 75% de entre 25 y 34 años han sido víctimas de agresiones; el 77.9% con educación superior han enfrentado violencia, y el 73 por ciento de las mujeres en zonas urbanas han sido violentadas.
En el mes de febrero, la diputada Sughey Torres Rodríguez, del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional (GP-PRI), señaló que la potencial inhibición de la violencia obstétrica, la reducción de tiempos de parto y la protección, incluso del personal de salud, son algunos beneficios que ofrece el acompañamiento de las mujeres embarazadas durante el proceso de alumbramiento.
Al presentar ante el pleno del Congreso del Estado la iniciativa de ley que pretende reformar la legislación de salud vigente en la entidad, la legisladora precisó que la violencia obstétrica se refiere a las prácticas y conductas realizadas por profesionales de la salud a las mujeres durante el embarazo, el parto y el puerperio, en el ámbito público o privado, que por acción u omisión son violentas o pueden ser percibidas como tal.
Detalló en aquella ocasión que incluyen actos no apropiados o no consensuados, como episiotomías sin consentimiento, intervenciones dolorosas sin anestésicos, obligar a parir en una determinada posición o proveer una medicalización excesiva o innecesaria que podría generar complicaciones graves.
También Torres, durante el mes de diciembre, presentó una iniciativa de reformas al Código Penal del Estado y a la Ley de las Mujeres para una Vida Sin Violencia, conocida como Ley Ácida, con el objetivo de tipificar y sancionar de manera severa los ataques con ácido o sustancias corrosivas contra las mujeres.
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Informó en aquella ocasión que, según la organización Acid Survivors Trust International, estos ataques afectan principalmente a mujeres, constituyendo una manifestación específica de violencia de género. Además de desfiguración y lesiones permanentes, las víctimas enfrentan traumas psicológicos y una rehabilitación prolongada.
Finalmente, Gabriela del Campo, presidenta del Consejo de Empresarios Jóvenes, dijo que en las empresas se busca mantener una condición de igualdad para ellas, y ha fomentado el concepto de justicia entre las trabajadoras.
edaa
