A tres años del desplazamiento forzado de más de 60 familias de la comunidad indígena de Santa Marta, municipio de Chenalhó, Chiapas, el vocero de los afectados, Manuel Gómez, denunció la falta de avances sustanciales por parte de las autoridades para garantizar su retorno seguro, la reparación de daños y la justicia para las cinco víctimas de desaparición.
"Ya pasaron tres años y no hemos visto avances. Lo único que nos han dicho es que hay daños materiales, pero no nos han dado fechas ni soluciones. En el tema de justicia no hay ningún avance", afirmó.
Comisión de Búsqueda no ha dado resultados, denuncian
Gómez representa a las más de 200 personas –entre adultos, mujeres y niños– que permanecen desplazadas desde los hechos violentos ocurridos el 29 y 30 de septiembre de 2022.
Entre las principales exigencias de la comunidad se encuentra la búsqueda efectiva de cinco personas desaparecidas durante el conflicto; sin embargo, según el vocero, la Comisión Estatal de Búsqueda solo ha ingresado una vez en tres años a la zona.
“Solo entraron una vez y se llevaron un pedazo de hueso, pero hasta ahora no nos han dado resultados, no nos dicen de quién se trata”, explicó.
Además, el tzotzil criticó la falta de continuidad en las acciones de búsqueda.
“Nos dan fechas y fechas que siempre cambian. Ojalá que esta última fecha sí la cumplan”.
el dato¿Por qué huyeron las familias?
En 2022, se registraron diversos ataques en Chenalhó, tras un enfrentamiento interno por la disputa de terrenos de cultivo. Así, las familias salieron de sus comunidades para refugiarse en otras localidades como Yabteclum y Polhó, o en escuelas cercanas.
Algunos retornos, por decisión y sin condiciones de seguridad
Asimismo dijo que en medio de esta situación, unas nueve familias han regresado por su cuenta a Santa Marta en octubre, sin esperar reparación de daños. No obstante, Gómez advirtió que el retorno no cuenta con condiciones de seguridad adecuadas:
“Ahí siguen los grupos armados. Nos preocupa que les pueda pasar algo, como ocurrió con los desaparecidos”.
Mientras tanto, alrededor de 50 familias, es decir, más de 200 personas, aún se mantienen en situación de desplazamiento. Estas familias exigen la reparación de sus viviendas, el pago de daños materiales y, sobre todo, condiciones reales de seguridad para regresar.
¿Cómo ha impactado a la educación de la niñez?
Uno de los aspectos más alarmantes del desplazamiento prolongado es el impacto en la educación de los menores.
“Tenemos como 80 alumnos que llevan casi cuatro años sin ir a la escuela. Ya les quitaron el apoyo de la Beca Benito Juárez. Los derechos de los niños están siendo violentados”, lamentó el vocero.
El vocero concluyó que las familias desplazadas no aceptarán retornar sin garantías claras de seguridad, justicia y reparación.
“Estamos en pie de lucha. No queremos más promesas, queremos acciones concretas. Lo que pedimos no es mucho: justicia, seguridad y el derecho a regresar con dignidad”.
ksh
