Adriana Medina, diputada de Movimiento Ciudadano presentó en el Congreso de Jalisco iniciativa para agravar las penas por el delito de robo de cable y patrimonio público, hasta con 15 años de prisión
“Para agravar apenas y reducir beneficios procesales a quienes sustraigan, se apoderen, comercialicen o posean cualquier componente utilizado en la prestación de algún servicio tal como alumbrado público, energía eléctrica, agua potable, drenaje sanitario, drenaje pluvial, telecomunicaciones, gas natural o señalización vial”, explicó.
Esta es la tercera propuesta de Reforma al Código penal que presenta la diputada Adriana Medina, quien preside la Comisión de Seguridad y esta vez su iniciativa va enfocada hacia quienes comercializan ese tipo de insumos como las recicladoras que compran material robado sin investigar de dónde proviene.
“El robo de cables, tubos, tapas, representa no solo el daño patrimonial a los ayuntamientos de cerca de 900 millones, solo en cable eléctrico en todo el país, sino también una afectación grave a todos los servicios públicos que repercute en riesgos para los ciudadanos que circulan o transitan por las zonas en donde se roban las tapas, así como por lugares oscuros derivado de robo de cables o tuberías”, aseguró.
De acuerdo con la legisladora, la Comisión Federal de Electricidad tiene más de 7 mil denuncias por robo de cable en todo el país, y solo en Jalisco existen 674 establecimientos dedicados a la recolección y reciclaje de desechos metálicos, que no están regulados legalmente en ese sentido.
“Agravar por considerar que el bien jurídico no solo es material, sino que se habla de la seguridad de las personas, número 2, limitar los beneficios procesales que son las salidas alternas o suspensión condicional del procedimiento o reparación del daño, y el punto número 3 incrementar los supuestos normativos, que esto es lo nuevo, que es la comercialización, la tentación o la posesión”, señaló.
La diputada emecista consideró que la ley ya es obsoleta porque actualmente contempla de 2 a 5 años de prisión y multa por el importe de 5 a 30 UMAS a quien robe este tipo de materiales, pero la propuesta de reforma tipifica como robo a quien lo comercialice y no tendrían derecho a salir en libertad con la reparación del daño.
“Nosotros estamos haciendo la propuesta que sean de 5 a 10 años de prisión, multa por el importe de 15 a 70 UMAS que es un aproximado de 41 mil 800 aproximadamente. El mensaje es claro no solo a quienes roban el patrimonio de los ciudadanos, sino también a quienes comercializan con estos objetos, dañar a la ciudad ahora será un delito grave y comprar material robado también”, dijo.
Adriana Medina aclaró que no se trata de criminalizar a todas las recicladoras, sino solo las que compran material robado, a fin de inhibir la ilegítima sustracción y comercialización de cualquier componente incluyendo alcantarillas o tapa de registro de algún servicio público.
MC
