Con la promesa de eficientar la procuración e impartición de justicia, optimizar la atención ciudadana y mejorar la calidad de los servicios, el Poder Judicial del Estado de Nuevo León y la Fiscalía General de Justicia firmaron un convenio de colaboración interinstitucional.
El documento plantea incrementar los mecanismos alternativos de solución de controversias, agilizar la calendarización de audiencias y garantizar la celebración de las mismas con efectos jurídicos resolutivos.
La firma del convenio estuvo encabezada por la magistrada Laura Perla Córdova, presidenta del Tribunal Superior de Justicia y del Consejo de la Judicatura del Estado, y por el fiscal General del Estado, Javier Flores.
Entre los puntos del convenio se establece el desarrollo de conversatorios entre jueces, magistrados y agentes del Ministerio Público, con la finalidad de compartir criterios y experiencias que fortalezcan la procuración y administración de justicia en Nuevo León.
Así como también se acuerda establecer mecanismos de coordinación interinstitucional para la habilitación de una agenda de trabajo que busque abatir los rezagos en la celebración de audiencias, asignando horarios estratégicos para su desarrollo e implementando esquemas de audiencias agrupadas, en los casos que así lo permita, para carpetas análogas.
Asimismo se acordó ampliar la oferta educativa en coordinación con organismos nacionales e internacionales, incorporando modalidades de enseñanza apoyadas en tecnologías digitales.
Las partes también plantearon acercar los servicios de ambas instituciones a la ciudadanía mediante brigadas comunitarias, ferias y programas de orientación y asesoría, lo que permitirá mantener un contacto más cercano con la sociedad civil, el gremio y la academia.
Con ello se busca abrir canales de comunicación más eficientes y efectivos con los justiciables de Nuevo León.
Finalmente se pactó trabajar en esquemas de coordinación que permitan abatir rezagos en la celebración de audiencias, incluyendo la agrupación de casos análogos y asignación estratégica de horarios.
De igual modo se contempla planear esquemas de coordinación que, con el debido respeto a la autonomía, permitan articular las políticas públicas y planes de ambas instituciones, a fin de fortalecer las garantías del debido proceso.
Todo lo anterior, con el propósito de garantizar justica cercana para todas y todos con responsabilidad y espíritu de servicio en el acceso a la justicia y la tutela de los derechos humanos, así como cumplir con el objeto del proceso penal, conforme a los principios de legalidad, eficiencia y colaboración institucional.
