El Estado mexicano es responsable del siniestro en el ducto de Petróleos Mexicanos (Pemex), registrado en Tlahuelilpan en 2019, por omisiones en las acciones de prevención y contención de acuerdo con familiares de las víctimas.
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Para Alicia, familiar de una de las 137 personas que ese 18 de enero de 2019 falleció en el lugar del incendio, la resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) es adecuada y está totalmente de acuerdo con ella.
“No hay más responsables”, y añade que el Estado mexicano no puede eximirse de su responsabilidad en este caso.
Refiere que el gobierno mexicano tenía a su disposición a elementos de seguridad, entre ellos policías municipales, estatales y federales, así como soldados, quienes pudieron impedir la concentración de personas en la zona aquel día, pero a pesar de que se encontraban en el sitio no lo hicieron.
Además señala, el Estado, a través de Pemex, tenía la obligación de cerrar las válvulas y acordonar el área pues la fuga de combustible ya tenía muchas horas, pero acota que los funcionarios no hicieron nada por impedir el incidente.
Por lo anterior, considera que la resolución de la CNDH es correcta pues dimensiona totalmente la responsabilidad que tuvieron las dependencias en este hecho, por el que dice, se ha revictimizado constantemente a quienes fallecieron, a quienes sobrevivieron, y a sus familias.
Reconoce que sí hubo apoyo psicológico para los familiares y sobrevivientes desde el principio, a raíz de una petición directa que le hicieron al entonces presidente de México, Andrés Manuel López Obrador; incluso acudieron a Palacio Nacional para plantearle otras peticiones.
En materia económica, dice, sólo recibieron 15 mil pesos por persona, monto considerado como apoyo para gastos funerarios en caso de siniestros.
Señaló que Pemex debe atender de manera inmediata las incidencias de este tipo para evitar nuevos siniestros, como lo recomienda el resolutivo de la CNDH, pues tiene tecnología para detectar las fugas y ante ello los empleados deben dirigirse inmediatamente al lugar y realizar las acciones necesarias.
“No sé qué más tenga que pasar para que nuestra gente entienda que pueden perder la vida en esas actividades ilícitas”.
Cabe recordar que al iniciar su gobierno el entonces presidente de la República ordenó el cierre de ductos para combatir el huachicol u ordeña de ductos, y determinó transportar el combustible a través de pipas, lo que generó desabasto en toda la región centro del país por varias semanas.
En ese contexto se registró el siniestro de Tlahuelilpan, pues pobladores se acercaron a la zona para tomar producto, toda vez que en las gasolineras de la región no había combustible para abastecer sus unidades para realizar sus actividades cotidianas.
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Proceso contra Pemex
En su momento, Araceli Ramos López, una de las familiares de las personas fallecidas en el siniestro, informó que un grupo de deudos mantenían un proceso legal para reclamar el pago de un seguro contratado por Pemex, mismo que ascendía a mil 100 millones de dólares.
Los familiares iniciaron un proceso legal contra la aseguradora Mapfre, con la cual el gobierno de México, a través de Pemex, contrató una póliza de seguro para incidentes en ductos, como sucedió en el caso del incidente.
En 2021 un juez federal invalidó el dictamen de deslinde que la aseguradora Mapfre presentó tras el incendio, dándole legitimidad jurídica a los deudos y lesionados para reclamar la póliza.
La demanda colectiva fue presentada ante el juzgado cuarto de distrito del estado de Hidalgo, con sede en Pachuca, y de acuerdo a Miguel Ángel García Trujillo, abogado que llevaba el caso, había altas posibilidades de que obtuvieran la indemnización, pues en su momento el decimoprimer tribunal colegiado en materia civil del primer circuito expresó que sí existía legitimidad jurídica de los afectados para reclamarla.
En ese entonces García Trujillo dijo que la finalidad era que se le imputara una pena ejemplar a la aseguradora, por mil 284 millones de euros, pues el gobierno mexicano, a través de Pemex, contrató una póliza de seguro, y sin embargo Pemex y la aseguradora la ocultaron.
Pero ahora el juicio se lleva en la Ciudad de México pues el juez pidió que se acumulara el juicio iniciado en Hidalgo con uno que se llevaba en la capital del país, y aunque se impugnó esa resolución y se ganó en favor de la representación legal hidalguense.
El juez volvió a solicitar la acumulación y en la segunda impugnación el Tribunal Unitario de Hidalgo lo resolvió en favor del juez, por lo que se llevó el juicio a la capital del país.
