Dentro de la reforma constitucional para Puebla que plantea el abanderado por la coalición “Juntos Haremos Historia”, Miguel Barbosa Huerta, se contempla la revocación de mandato para el gobernador del estado, la eliminación del fuero a servidores públicos y una serie de reformas al Poder Judicial para que sólo personas con carrera en este ámbito sean los que ocupen los cargos de magistrados.
Asimismo, promoverá una reforma a la Constitución del estado para que los nuevos titulares de la Fiscalía General del Estado (FGE), la Auditoría Superior del Estado (ASE) y la Comisión de Derechos Humanos (CDH) no sean ex funcionarios o militantes de algún partido político, además de la creación de una Fiscalía de Delitos de Género, y modificar los protocolos para la atención de personas desaparecidas.
El documento que espera estar a la vanguardia en materia constitucional y de respeto total a la división y autonomía de los Poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo, plantea también un protocolo de investigación con perspectiva de género del delito de feminicidio, que contendrá parámetros y procedimientos de investigación, que deberán realizarse ante casos de muertes de mujeres, incluidos aquellos casos causados por motivos criminales, suicidio y accidentales, acorde a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Del mismo modo, se reconocerá a las “víctimas del abuso del poder”, las cuales hasta hoy no son reconocidas dentro del marco jurídico, se proscribirá la persecución política, y se retirará de la Constitución la redacción de los Contratos de Servicios de largo plazo, donde se comprometen impuestos y participaciones federales.
Ante el ingreso de la Guardia Nacional y la necesidad del fortalecimiento del estado de fuerza y la capacidad institucional deberán sentar las bases que permitan la participación ciudadana tal y como se ha asumido en los “Compromisos por la Seguridad Pública en las Américas”.
Para el sector indígena, y a fin de defender su condición, se tendrán traductores, donde además en el momento que los jueces dicten sentencias, consideren sus costumbres, tradiciones y elementos culturales que pudieron incidir en cada conducta que se juzgue.
También es fundamental que los juzgadores lleven a cabo procedimientos de protección de derechos para las personas con discapacidad, abandonando la perspectiva asistencialista para entrar al modelo social y de los derechos humanos; y realizar ajustes en la ejecución de sus sentencias con una justicia especializada y basada en la perspectiva de discapacidad, trato no discriminatorio, sistemas de apoyo y salvaguardas para evitar figuras de discriminación múltiple.
Respecto al tema de personas desaparecidas, en Puebla se planteará un protocolo homologado, donde se privilegie la investigación inmediata, especializada y coordinada bajo responsabilidad directa del servidor público. Establecer la forma de sistematizar las estadísticas de los delitos contra mujeres desde perspectiva de género. Prever procedimientos claros de atención integral y sensible a la mujer desde las instituciones.
Tener mecanismos de recolección de datos, sin afectar la investigación, donde la sociedad pueda obtener información relacionada que le permita identificar patrones sistémicos de violencia sexual femenina, diferenciar los que sean por violencia social, doméstica, sexual, indeterminada e incluso los delitos seriales.
La nueva Constitución, propone la modificación de disposiciones que permitan facultades discrecionales a la Auditoría Superior del Estado, las cuales hasta hoy han sido utilizadas para subordinar a los municipios y a todo aquel funcionario y directivo que no sirva con sumisión a los intereses del Gobernador y a cambio recibirá nuevas tareas, tales como la evaluación de las políticas para erradicar la discriminación y la violencia de género. Se propondrá incorporar a la Constitución los presupuestos participativos y los principios presupuestales para atender las funciones redistributivas, y los principios de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal.
MITM