Una ola de suicidios en la única cárcel federal para mujeres del país prendió las alertas de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) a finales de 2023. No era para menos: en aproximadamente 18 meses, entre el 20 de julio de 2021 y el 6 de diciembre de 2023, se habían quitado la vida 13 internas en el Centro Federal de Readaptación Social Femenil (Cefereso) número 16, ubicado en Coatlán del Río, Morelos.
Casi un fallecimiento cada mes.
En ese entonces, el organismo que encabeza Rosario Piedra emitió la recomendación 276/2023 al resolver que el personal de la prisión violó los derechos humanos de las presas al nunca brindar atención psicológica y psiquiátrica a siete de las víctimas, mientras que el apoyo a las otras seis fue insuficiente, lo que imposibilitó detectar alguna sintomatología de riesgo suicida.
La Comisión también alertaba que el 86 por ciento de las mujeres en ese penal eran madres de niños pequeños, y enfrentaban una “situación de vulnerabilidad social”. Eso es explicable debido a que la mayoría de ellas vive lejos de sus lugares de origen y ha perdido contacto con sus hijos y familia, a lo que se le agrega el encierro prolongado y la falta de comunicación con el exterior.
La recomendación de la CNDH fue en vano, y los casos continuaron: seis mujeres se suicidaron en 2024 y otra más en los primeros cuatro meses del presente año.
Lo que sucede en ese reclusorio que alberga a menos de mil internas se replica en otros penales del país, tanto federales como estatales, lo mismo varoniles que femeniles y mixtos. Así lo marca la estadística oficial: entre 2019 y 2024 se registraron 521 suicidios de reos, 60 por ciento más que el sexenio previo (2013-2018), cuando se contabilizaron 325 casos.
Eso no es todo. Los intentos de suicidio (que no se consumaron) se duplicaron, pasando de 158 en el periodo 2013-2018 a 326 entre los años 2019 y 2024, revelan los datos de incidencias carcelarias contenidos en los Cuadernos Mensuales de Información Estadística Penitenciaria Nacional que Notivox sistematizó para los últimos 12 años.
Si no se matan, se lastiman
Los casos de reos que se autolesionaron también crecieron 20 por ciento, pasando de mil 143 en el sexenio 2013-2018 a mil 367 en el periodo 2019-2024. Eso significa que cada vez más internos intentan dañarse o quitarse la vida… Y varios lo consiguen.
Para Elena Azaola, investigadora del Centro de Investigaciones y Estudios Superiores en Antropología Social (CIESAS), el suicidio “es una respuesta totalmente lógica” dadas las condiciones en que las personas privadas de la libertad viven en las cárceles: hacinamiento, encierro prolongado, la imposibilidad de ver a su familia, la violencia al interior de los penales y la precariedad absoluta.
“El suicidio es una respuesta absolutamente normal, entre comillas, y esperada ante este desastre que a nadie le importa. La gente que está allí, las malas condiciones, la falta de mantenimiento de las instalaciones, la sobrepoblación.
“Hay cárceles en el Estado de México donde están peor que sardinas, unos encima de otros, no hay manera de vivir allí. ¿Cómo quieres que reaccione la gente ante un panorama así de desesperante?... Antes no hay más suicidios”, sostiene la especialista.
Sofía González, subdirectora de Documenta, una organización civil que ha estudiado a profundidad la manera en que se vive en las cárceles mexicanas, coincide con Azaola en que las condiciones que subsisten tras las rejas son un caldo de cultivo que propicia un deterioro brutal tanto en la salud física como en la mental.
A todo ello se suma la incertidumbre de los procesos legales de un 40 por ciento de presos que permanecen en prisión preventiva.
“Que lleves 10 años (encerrado) y no tengas una sentencia, seguramente te genera ansiedad”, advierte González.
Azaola indica que la situación se complica ya que cada año hay más presos en las prisiones mientras que los recursos para su operación y mantenimiento se reducen.
“No tiene sentido meter más gente en prisión y disminuir el presupuesto” de los centros de detención, añade.
En una entrega anterior, Notivox hizo notar que la población carcelaria en México creció 21 por ciento entre 2019 y 2025. Y en lo que se refiere al dinero, el Censo Nacional de Sistemas Penitenciarios del Inegi revela que el presupuesto ejercido por los penales federales se redujo 23 por ciento entre 2020 y 2024 (de 24 mil 147 millones de pesos a 18 mil 701 millones), en tanto que el de los estatales creció 85 por ciento (de 13 mil 33 a 24 mil 168 millones de pesos).
Las peores cárceles: algo se pudre en Morelos
A nivel federal, el penal que registró el mayor número de suicidios e intentos de quitarse la vida entre 2013 y 2024, fue el Cefereso femenil de Morelos.
Peores cárceles
- 1 Cefereso femenil de Morelos. 47 casos
- 2 Cefereso 13 de Oaxaca. 29 casos
- 3 Cefereso 12 de Guanajuato. 27 casos
- 4 Cefereso 14 de Durango. 25 casos.
- 5 Cefereso 5 Oriente de Veracruz 22 casos.
- 6 Centro Federal de Rehabilitación Psicosocial (Ceferepsi) Alberga a personas con padecimientos mentales graves.
En cuanto a casos de personas internas que se autolesionaron, también el reclusorio femenil de Morelos fue el sitio con el mayor número de eventos, con 242 eventos en 12 años. Después fue el Cefereso 5 Oriente (229 casos), el 13 de Oaxaca (143), el 1 del Altiplano (123), el Ceferepsi (114) y el 4 Noroeste (92).
En cuanto a las cárceles operadas por los estados, las estadísticas oficiales revelan que la mayor cantidad de suicidios e intentos de suicidio entre 2013 y 2024 se concentraron de la siguiente manera:
- Sonora. Con 116 casos.
- Chihuahua. Con 103 casos.
- Ciudad de México. Con 89 casos.
- Puebla. Con 70 casos.
- Jalisco. Con 67 casos.
En tanto que, la mayoría de las autoagresiones se reportaron en:
- Chihuahua. 252 casos
- Baja California. 202 casos
- Sonora. 189 casos
- Morelos. 142 casos
- Puebla. 102 casos
¿Cómo y cuándo deciden quitarse la vida?
La CNDH, en sus diagnósticos anuales de los centros penitenciarios del país, aporta información adicional sobre las conductas suicidas de las personas reclusas. Su informe más reciente, correspondiente al año 2024, indica que la mayoría de los casos ocurren entre la medianoche y las 07:00 horas, principalmente en los dormitorios, y en menor medida en baños y regaderas.
Asimismo, el método empleado generalmente es estrangulación o asfixia, ya sea con cuerdas, cordones, lazos o pedazos de tela. La mayoría son hombres jóvenes de 20 a 29 años, seguidos de los adultos de 40 a 49, y en más de la mitad de los casos se desconoció la causa de su decisión.
En donde sí se pudo determinar un motivo, destacan padecimientos o trastornos mentales, problemas familiares o sentimentales y, desde luego, el impacto psicológico del encarcelamiento.
El órgano defensor de derechos humanos también identificó el año pasado a tres mil 182 presos con riesgo suicida (tres mil 61 hombres y 121 mujeres), siendo el trastorno por abuso y/o dependencia de sustancias el principal factor de riesgo. La mayoría, alerta el diagnóstico, no toma medicamentos.
Cuidar la salud mental de la gente convicta
Ante tal panorama, la CNDH sugiere a los organismos operadores de las cárceles generar convenios de colaboración con la Secretaría de Salud, la Comisión Nacional de Salud Mental y Adicciones (Conasama) y sus homólogas en cada entidad federativa, para diseñar e implementar programas específicos para la prevención y atención de padecimientos mentales al interior de las prisiones.
Asimismo, recomienda detectar a aquellas personas que requieran de vigilancia, atención y cuidado a su salud mental, desde su ingreso mismo a los penales, así como a quienes necesiten de desintoxicación o rehabilitación por abuso de sustancias.
Otra sugerencia es contratar a personal médico especializado en salud mental que acuda una vez por semana a los centros penitenciarios para valorar el estado mental y físico de los internos, con el objetivo de brindarles un tratamiento integral y adecuado conforme a su edad.
Las recomendaciones suenan bien en papel, pero la realidad, como explica Sofia González, es que “son pocos los centros penitenciarios que tienen apoyo o asistencia psicológica”.
Elena Azaola opina que se avanzaría bastante con generar mejores condiciones de vida para la población privada de la libertad.
“Si mejoraran las condiciones te aseguro que no habrían esos conflictos, brotes de violencia, suicidios”.
“La verdad es que los que necesitan salud mental son quienes hacen un sistema (carcelario) así, no los internos, no las internas, sino quienes no se pueden dar cuenta de lo que están propiciando”, reclama en tono crítico la especialista.
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