La ex secretaria de la Desarrollo Social, Rosario Robles Berlanga, promovió un amparo contra la orden de aprehensión que un juez federal giró en su contra por su probable responsabilidad en los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita.
Aunque la demanda de garantías fue admitida a trámite por Erik Zabalgoitia Novales, juez Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal, quien le concedió una suspensión definitiva, ésta no impide a la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentar la orden de captura, debido a que el delito de delincuencia organizada amerita prisión preventiva oficiosa.
La medida cautelar solo fue otorgada para que el juez de amparo esté en condiciones de entrar al análisis y estudio del fondo del asunto, mientras se resuelve el juicio de garantías, pero en ningún momento cancela la orden, dejaron claro fuentes cercanas al caso.
El mandamiento judicial fue librado en noviembre de 2020 por un juez de control del Centro de Justicia Penal Federal con sede en el municipio de Almoloya de Juárez, Estado de México, pero hasta el día de hoy la FGR no ha ejecutado la orden que solicitó contra un posible lavado de dinero de 77 millones de pesos.
De acuerdo con registros judiciales, la suspensión definitiva fue otorgada en marzo del presente año, pero el juicio de amparo aún no concluye.
Rosario Robles permanece interna en el penal femenil de Santa Martha Acatitla, porque un juez federal rechazó modificar la medida cautelar de prisión preventiva que le fue impuesta el 13 de agosto de 2019, por su probable responsabilidad en el delito de uso indebido del servicio público por ser supuestamente omisa de un desvío de más de 5 mil millones de pesos.
En abril pasado, la ex funcionaria exigió a la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, investigar y dar con los responsables de haber falsificado una licencia a su nombre, documento que propició que permanezca en prisión por supuestamente dar datos falsos sobre su domicilio.
La petición de la ex funcionaria derivó porque la fiscalía capitalina decidió archivar la carpeta de investigación CI-FSP/B/UI-B-3 C/D/019178/12-2019 que inició a partir de la denuncia presentada en noviembre de 2019, por el delito de “falsificación de documento”.
Rosario Robles demandó a la Fiscalía para la Investigación de Delitos Cometidos por Servidores Públicos reiniciar la investigación contra quién o quiénes son los responsables de falsear la licencia. El documento fue utilizado como dato de prueba por la Fiscalía General de la República en la causa penal que actualmente enfrenta.
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