Entre los nueve perfiles ratificados tras la votación de integrantes de la Suprema Corte destaca Loretta Ortiz Ahlf, quien continuará en su cargo por un periodo de 12 años, en un contexto marcado por el rediseño del Poder Judicial y el debate en torno a figuras legales como la prisión preventiva oficiosa.
El 1 de junio de 2025 marcó un parteaguas en el sistema de justicia mexicano. Más de 850 cargos del Poder Judicial Federal fueron sometidos a elección popular, incluyendo por primera vez a los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
La reforma redujo de 11 a nueve los integrantes del máximo tribunal del país, y entre los perfiles seleccionados se encuentra Loretta Ortiz Ahlf, quien continuará como ministra por un nuevo periodo de 12 años.
Gracias al respaldo popular y conforme a los resultados preliminares, tendré la oportunidad de seguir trabajando desde la Suprema Corte por todas y todos los mexicanos. Este es solo el comienzo de un cambio profundo, guiado por la voluntad del pueblo de México. Gracias por hacer… pic.twitter.com/w5EC4hRTlG
— Loretta Ortiz Ahlf (@lorettaortiza) June 4, 2025
Los comicios también incluyeron la renovación de dos magistraturas de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), 15 magistraturas de sus Salas Regionales, cinco integrantes del Tribunal de Disciplina Judicial, 464 magistraturas de Circuito y 386 jueces de Distrito.
¿Cuál es la trayectoria de Ortiz Ahlf?
Loretta Ortiz Ahlf, de 70 años, nació el 24 de febrero de 1955.
Es licenciada en Derecho por la Escuela Libre de Derecho (1978), maestra en Derechos Humanos por la Universidad Iberoamericana (1999) y doctora en Derechos Humanos y Derecho Comunitario Europeo por la Universidad Nacional de Educación a Distancia de España (2009), donde obtuvo la distinción Cum Laude.
Ortiz cuenta con una destacada trayectoria académica. Inició su labor docente en 1979 en la Escuela Libre de Derecho y, a partir de 1981, se integró a la Universidad Iberoamericana, donde fue directora del Departamento de Derecho entre 1998 y 2007.
También impartió cátedra en la Universidad Panamericana, el Instituto Matías Romero y la Academia de Derecho Internacional de La Haya, en Holanda.
Es miembro nivel III del Sistema Nacional de Investigadores y autora de al menos ocho libros, entre ellos Guardia Nacional y Derechos Humanos, la Industria Eléctrica en México y el Acceso a la Energía Eléctrica como Derecho Humano y la cuarta edición ampliada de Derecho Internacional Público.
Su producción académica gira principalmente en torno al derecho internacional, los derechos humanos y la justicia constitucional.
¿Qué experiencia tiene en el servicio público?
Entre 1988 y 1990 fue asesora del Consultor Jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, y entre 1990 y 1993 ocupó el mismo rol en la Dirección General Adjunta del Banco de México.
Posteriormente, fue directora jurídica del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes de 1993 a 1998 y consejera legal del Acuerdo de Cooperación Ambiental del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), entre 1996 y 2006.
De 2012 a 2015, se desempeñó como diputada federal. En 2019 fue designada consejera de la Judicatura Federal, donde también representó al Poder Judicial ante el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y la Comisión Intersecretarial en Materia de Trata de Personas.
El 12 de diciembre de 2021 fue nombrada ministra de la Suprema Corte, adscrita a la Segunda Sala, especializada en asuntos administrativos y laborales.
También formó parte del grupo redactor de la Constitución de la Ciudad de México y fue coordinadora del proceso de pacificación nacional impulsado por el entonces presidente Andrés Manuel López Obrador previo a su toma de posesión en 2018.
Ortiz se ha declarado fundadora del partido Morena y mantiene cercanía ideológica con el ex mandatario federal.
¿Cuál es su postura y qué propuestas tiene?
Loretta Ortiz ha sostenido una visión crítica sobre la prisión preventiva oficiosa, una figura legal que obliga a privar de libertad a personas acusadas de ciertos delitos sin juicio previo.
Desde su posición en la Corte, ha votado en contra de su aplicación automática y ha argumentado que esta medida vulnera derechos fundamentales como la presunción de inocencia.
Asimismo, se ha manifestado a favor de la despenalización del aborto, en línea con los criterios progresistas que han ganado terreno en la Suprema Corte en los últimos años.
Durante su campaña para reelegirse como ministra, Ortiz planteó un modelo de justicia orientado al impacto social. Propuso que las resoluciones del máximo tribunal prioricen los derechos económicos, sociales, culturales y ambientales, y que se establezca un mecanismo para atraer casos que afecten directamente al pueblo de México.
En su visión, el Poder Judicial debe responder al contexto nacional marcado por la pobreza, la discriminación y la violencia estructural, especialmente la de género.
También impulsó la idea de "trabajo en territorio", que implica salir del edificio sede de la SCJN para realizar audiencias en diferentes municipios del país, con el objetivo de acercar la justicia a las comunidades y contextualizar las problemáticas locales.
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