El PAN y el PRI en el Senado criticaron la decisión del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit) de permitir que personas que ocupan viviendas de forma irregular puedan adquirirlas mediante un esquema de pago accesible, pues aseguraron que deja en desventaja a los trabajadores que cotizan formalmente.
Marko Cortés, senador del PAN, aseguró que la medida “legaliza lo ilegal”.
“Lo único que va a ocurrir es que más viviendas abandonadas del Infonavit van a ser tomadas de forma ilegal, porque ya ven y verán que no pasa nada. Y entonces solo aquellos que deseen hacerse de un patrimonio es que le entrarán a un esquema, pero los demás no.
“Entonces van a literalmente vivir gratis toda la vida y tal vez tengan algún patrimonio. Pero si el gobierno hoy flexibiliza y dice si tú invades, no te voy a sacar. Es un mensaje gravísimo. El fondo es muy delicado”, afirmó.
Señaló que el procedimiento debe ser respetado y advirtió que quienes no se apeguen al programa de regularización no deberían conservar las viviendas.
“Lo más grave es que este programa, que pudiera ser loable, manda un gravísimo mensaje: si invades una casa, no te van a sacar y hasta podrías adquirirla”, comentó.
En entrevista, mencionó que la nueva política deja en desventaja a los trabajadores que cotizan formalmente en el Infonavit, ya que ahora personas sin empleo formal ni historial de cotización también podrán acceder a una vivienda.
“Literalmente, se convierte en una política de Estado invadir casas”, acusó.
El senador Cortés sostuvo que el gobierno federal debería enfocar sus esfuerzos en recuperar las viviendas abandonadas para ponerlas a la venta a precios accesibles, privilegiando a los derechohabientes que han cumplido con sus obligaciones.
“El régimen de Morena fomenta la informalidad y crea clientelas electorales a partir de la ilegalidad”, sentenció.
En este sentido, ironizó sobre la política del gobierno federal, señalando que ahora, al igual que ocurrió con Pemex, Infonavit corre el riesgo de terminar “peor que nunca” por decisiones que —dijo— incentivan la impunidad y castigan la legalidad.
Por otra parte, en redes sociales, Manuel Añorve, coordinador del PRI en el Senado, calificó la medida como un “paso peligrosísimo” y acusó que con esta acción “el delito se premia y la legalidad se castiga”.
Indico que esta política parte de una visión populista que, en lugar de fortalecer el derecho a la vivienda, lo debilita al fomentar la impunidad.
“Que invadir conviene más que ahorrar; que el gobierno ya no garantiza el respeto a la propiedad; y que el esfuerzo del trabajador que paga su crédito vale menos que la ilegalidad”, criticó.
Añorve responsabilizó directamente al director del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, de impulsar esta iniciativa.
“Un agrónomo sin experiencia en vivienda, que ya antes quebró Pemex y que hoy va por el patrimonio de millones de mexicanos que con su trabajo y esfuerzo se hicieron de una casa”, sostuvo.
Programa favorecerá a movimientos urbanos afines a Morena y al crimen: MC
Alejandra Barrales, vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano en el Senado, consideró que la estrategia podría tener efectos contraproducentes y graves, como incentivar invasiones y favorecer al crimen organizado.
“Puede salir más caro el caldo que las albóndigas, diciéndolo coloquialmente, porque esto sin duda trae una problemática de la mano que puede ser muy delicada, se está incentivando a las personas a invadir inmuebles y eso me parece que es muy delicado, porque está violentando el derecho a la propiedad privada.
“Es un incentivo perverso porque esta iniciativa abre la puerta para qué, para la invasión, afectando obviamente el patrimonio de muchos mexicanos”, mencionó.
Señalo que con esta iniciativa lo que se está haciendo es abrirle la puerta al crimen organizado para que extienda sus redes ahora a las viviendas abandonadas.
“Ya hay quien llama a este programa ‘Invade Tu Casa’”, ironizó.
Además, consideró que la estrategia podría tener fines electorales, al favorecer a movimientos urbanos afines a Morena mediante promesas de regularización.
“Se presenta como justicia social, pero en realidad termina afectando a la misma gente que dice beneficiar”, mencionó.
LP
