La Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) agendó para el 5 de agosto la resolución de la controversia constitucional que el gobernador Jaime Rodríguez Calderón interpuso para evitar ser sancionado por el Congreso local, ante las anomalías detectadas por las “broncofirmas”.
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Es de recordar que en la sesión del 15 de julio pasado el ministro Ponente Juan Luis González Alcántara Carrancá aplazó la resolución del caso pese a que se encontraba listo para su discusión.
En esa ocasión no se determinó una fecha en específico, por lo que ahora en la actualización de los asuntos a ver de la Primera Sala, se estableció que será la primera semana de agosto cuando se esté retomando el tema.
Es de destacar que el sentido del proyecto, del cual Notivox Monterrey posee copia, prevé dar la razón al gobernador Jaime Rodríguez, ya que a criterio del ministro ponente las reglas procesales de la sanción del Congreso local en contra del gobernador son inconstitucionales.
"En opinión de esta Primera Sala, las reglas procesales que el Congreso local expidió a través del acuerdo impugnado para sancionar al Titular del Poder Ejecutivo local son inconstitucionales por qué no se ajustan al sistema de responsabilidad previsto en el Título Cuarto de la Constitución Federal", se lee en el proyecto.
Ello, al argumentar que lo conducente es aplicar un juicio político al mandatario estatal, ya que las irregulares cometidas están sustentadas en los artículos 109 y 110 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.
"En efecto, el Congreso local creó un procedimiento especial para sancionar al Titular del Poder Ejecutivo local, en lugar de apegarse al sistema de responsabilidad contemplado a nivel constitucional y también previsto en la legislación local para aplicar dichas normas en el proceso que se analiza.
"Este novedoso procedimiento del Congreso local no se ajusta al juicio político previsto en los artículos 109 y 110 de la Constitución Federal, pues como ya se dijo en esta resolución, al tratarse de una vulneración al párrafo séptimo del artículo 134 constitucional, así como la violación de normas federales, en tanto se trató de la obtención del registro para ser candidato a Presidente de la República, se debió señalar que lo procedente era el juicio político previsto en la Constitución Federal", refiere el documento.
Con esto, se espera que sea el 5 de agosto cuando la Corte defina de una vez por todas la resolución de la controversia que ha causado mucha polémica y críticas tanto al gobernador, como a los diputados locales, mismos que han estado en una guerra de declaraciones desde hace poco más de dos años.
