Con la observación de que el 90% de la reforma integral a la Carta Magna es lo mismo que la vigente, y al señalar que el 10% de los artículos están basados en la Constitución de la Ciudad de México, la Comisión de Puntos Constitucionales del Congreso de Nuevo León aprobó, por mayoría, la primera vuelta de la iniciativa del gobernador Samuel García.
Durante la sesión, que se prolongó por cuatro horas y 43 minutos, se leyó en su totalidad el dictamen que contiene 223 artículos y cinco transitorios, palomeando 20 reservas del priista Héctor García, en el sentido de reacomodar el ordenamiento y mantener los 10 días hábiles para que si la persona titular del Ejecutivo devolviere reformas constitucionales o leyes aprobadas por el Congreso deba hacerlo en el periodo establecido y no en 30 días como lo había propuesto.
Jessica Martínez, coordinadora de Morena, evidenció que no se estableció un Congreso constituyente como se realizó en la Ciudad de México y como se estableció en el estado de Jalisco, también gobernado por Movimiento Ciudadano, en donde eran personas diferentes al proceso legislativo.
“Esta propuesta de esta iniciativa se entregó hace 10 días, lo que me parece un tiempo muy corto y es falso que es una nueva Constitución, es obsoleta ya que es cierto que viene desde hace 104 años y no es la misma que era originalmente”, acusó.
La morenista dijo que se añadieron 36 artículos, contenido a 11 artículos, y, de los anteriores, 20 fueron copiados de la Constitución de Ciudad de Mexico.
“Quitó contenido de 13 artículos de la Constitución vigente y derogó 13 artículos de la Constitución vigente. Aproximadamente el 90% de la Constitución vigente fue establecida en el nuevo documento de propuesta. del 10 % restante, aproximadamente el 7% es copia de la Constitución de la Ciudad de México”, destacó Martínez.
La coordinadora de Morena presentó 15 reservas que fueron desechadas por las mayorías del PAN, PRI y MC, en el sentido de remover el polémico tercer párrafo del artículo 4 propuesto que reconoce la vida desde la concepción y hasta la muerte natural.
Por su parte, Eduardo Gaona, coordinador de MC, manifestó que el dictamen trae “mucho esfuerzo” y denota el reglamento circular.
“Comentar también que no es fácil un trabajo de este tamaño de análisis integral de la Constitución, también comentar qué es lo que propone el dictamen, por eso anticipo, por supuesto mi voto a favor recoge mucho de las necesidades que la sociedad de Nuevo León”, señaló.
Félix Rocha, del PAN, se pronunció a favor de hacer mesas de trabajo con constitucionalistas, académicos, sociedad civil y público en general para robustecer la propuesta.
“Hay algunos temas que sí creo que se tendría que poner mucha atención para esta discusión en segunda vuelta”, manifestó Rocha.
De acuerdo con el dictamen 15138/LXXVI, que contiene la reforma integral de 223 artículos, en poder de MILENIO, adiciona herramientas para instrumentar el derecho a la justicia, a la tutela judicial, al debido proceso y la asistencia jurídica gratuita, permitiendo que todos tenga acceso a una adecuada defensa.
“Se modifican diversos derechos a la justicia, a la tutela judicial, al debido proceso, así como la defensa jurídica asistida, prevaleciendo el criterio de gratuidad cuando la persona o víctima no tenga los recursos necesarios para solventar dicho proceso jurídico protegiendo el derecho de las personas a tener una adecuada defensa, principio constitucional que guarda este ordenamiento”, se lee en el dictamen.
El gobierno, indican las consideraciones, garantizará el acceso a la justicia cívica de todas y todos los habitantes de la entidad, a través de mecanismos de resolución de controversias sin intervención judicial, con el fin de promover una cultura de la paz que coadyuve con la prevención de los delitos y la recomposición del tejido social.
“El Estado deberá promover una ley que alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico de la entidad, promoviendo la competitividad y productividad”, se lee en el documento.
Héctor García, presidente de la Comisión, dijo que en septiembre votarán la segunda vuelta y posteriormente se analizarán las Leyes locales que deberán ser armonizadas con la Constitución federal o las reformas que se hayan presentado.
Entre las principales leyes que deben ser modificadas, dijo, tiene que ver con justicia, educación, derechos humanos, desarrollo económico y contra la discriminación.
El próximo martes o miércoles se subirá el asunto a Pleno del Congreso y se abrirá, para su discusión en foros, el primero de abril.