El modo honesto de vivir se convirtió en el nuevo terror de la política. El freno ante la reincidencia y desobediencia en ilícitos electorales ha puesto a temblar a los presidenciables. Pero en los hechos, en materia electoral, este requisito de elegibilidad sólo se ha frustrado para 11 personas en todo el país, lo que exhibe la resistencia de las autoridades se llegar al punto extremo de quitar la calidad de personas honestas.
Anular la presunción de “buen ciudadano o ciudadana” se impuso como una sanción para las personas que cometen violencia política en razón de género abusando de un cargo público. Pero al menos hasta el pasado 22 de julio, de las 264 sentencias firmes que registra el Instituto Nacional Electoral, únicamente en 42, los tribunales analizaron el modo honesto de vivir y sólo en 13 casos lo retiraron tras detectar reincidencias graves, y tres de éstos, corresponden a una misma funcionaria.
Es decir, sólo el 4.92 por ciento del total de las sentencias por violencia contra una mujer en la política llegó a esta sanción, y fue hasta después de que lo volvieron a hacer. Más grave aún, esas 13 sentencias en contra de 11 personas, son en realidad de seis casos en los que se encontraron a varios culpables, lo que implica que, en todo el país, sólo seis mujeres han logrado que sus agresores no vuelvan a ocupar un cargo público en los próximos años.
Además, estas 11 personas que hasta ahora han perdido el modo honesto de vivir están en Chiapas y Oaxaca, el resto de las entidades siguen omitiendo esta amonestación.
Al propio diputado panista Gabriel Quadri quien aspira a la contienda presidencial y ha recibido al menos dos sentencias por violencia política de género y reincidencia, la Sala Superior determinó no retirarle el modo honesto de vivir pese a comprobarse que desacató la primera sentencia en su contra.
Así, las únicas personas que dejaron de tener una vida honesta son el ex presidente municipal de Teopisca (Chiapas), Abel Tovilla Carpio por cometer violencia política de género en contra de una síndica, tras dos sentencias en su contra por reincidencia deberá permanecer en el Registro Nacional de Personas Sancionadas hasta diciembre de 2027.
Amador Moreno Ruíz, presidente municipal de Emiliano Zapata, Chiapas y su tesorero Rodrigo Flores Pérez son dos casos más por haber obstaculizado la labor de una síndica y estarán sancionados hasta el 14 de abril de 2025.
En Villa de Zaáchila, Oaxaca, perdieron el modo honesto de vivir por violencia contra una regidora, el presidente municipal Cástulo Bretón Mendoza, el regidor Andrés Alfonso Benítez Torres, la tesorera Elia Ortiz Vásquez, el secretario municipal Gastón Aguilar Aragón y María Griselda Rodríguez García, directora de Mercados y Tianguis.
Gildardo Zenteno Moreno, presidente de Bochil, Chiapas tiene tres sentencias en su contra y hasta la tercera ocasión, fue que el Tribunal Electoral local determinó retirarle el modo honesto de vivir y que permanezca registrado como violentador de una síndica hasta octubre de 2027.
Timoteo Valencia Vásquez, presidente de Santa Catalina Quieri, Oaxaca tiene una de las permanencias más largas, hasta enero de 2036 por haber reincidido en grave violencia contra una regidora. Mientras que Yolanda Adelaida Santos Montaño, presidenta de San Jacinto Amilpas, Oaxaca tiene cuatro sentencias en su contra y en tres se ordenó retirarle el modo honesto de vivir, con un registro como violentadora de una regidora hasta mayo de 2028.
El modo honesto de vivir, de acuerdo con las jurisprudencias de la Sala Superior, se retira a aquellas personas que cometen conductas reprochables contrarias al orden social; que se alejan de una vida decente, decorosa, razonable y justa; y que desde el postulado básico del derecho: ya no viven honestamente, ya sea por desacatar los deberes de buen mexicano o por trasgredir los valores legales y morales de la sociedad.
El pasado 8 de junio, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación aprobó por mayoría de votos, respaldar el proyecto del magistrado Felipe de la Mata Pizaña para ampliar la posibilidad de retirar el modo honesto de vivir a cualquiera que cometa ilícitos electorales, particularmente si se trata de una “conducta contumaz” que demuestre una reincidencia sistemática y un desacato a las órdenes del INE o del mismo TEPJF.
Este requisito que deben acreditar quienes buscan una candidatura de cualquier nivel, se amplió después de acreditar al menos 100 ilícitos electorales durante la revocación de mandato por parte de funcionarios de todos los niveles que van desde servidores públicos locales, gobernadores, la Jefa de Gobierno, senadores, diputados y dirigentes de partidos hasta el presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador. Prácticamente todos, emanados de Morena.
Consejeras del Instituto Nacional Electoral han alertado en reiteradas ocasiones que ni la Sala Regional Especializada del TEPJF o los Tribunales Electorales locales analizan este concepto en sus sentencias, por lo que al menos en casos de violencia política de género, personas con sentencias firmes por violentar a mujeres siguen ocupando cargos públicos incluso por orden de la propia Sala Superior del TEPJF que devolvió candidaturas a violentadores.
Ahora, al tratarse de denuncias electorales que deberá de confirmar la Sala Superior, la decisión radicaría en estas magistraturas que definirán si las aspiraciones adelantadas de quienes buscan una candidatura en 2023 y 2024, o quienes desobedecen a las órdenes del INE dejan de ser buenos mexicanos y no merecen otro cargo público.
Morena, la presidencia de la República, cinco gobiernos estatales y la Ciudad de México presentaron controversias constitucionales ante al Suprema Corte de Justicia de la Nación buscando un blindaje para sus aspirantes presidenciales que ya han cometido ilícitos electorales, principalmente la Jefa de Gobierno, Claudia Sheinbaum que se convirtió en la funcionaria con más sentencias en su contra en el pasado proceso de revocación de mandato.
Sin embargo, el jueves pasado la Corte desechó las controversias y mantuvo firme la sentencia de la Sala Superior reafirmando que es definitiva e inatacable, lo que impone un nuevo filtro para que los presidenciables no pongan en riesgo sus aspiraciones rumbo al 2024.
