En medio de las turbulentas semanas que han marcado el inicio de la administración Trump, una de las medidas más controvertidas que ha adoptado ha sido la orden ejecutiva por la que se suspendió la entrada a Estados Unidos de refugiados e inmigrantes de siete naciones de mayoría musulmana.
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En el contexto de la retórica del propio presidente durante la campaña electoral, la orden fue interpretada como un veto migratorio dirigido a personas de religión musulmana, lo que llevó a varios estados a impugnarla ante los tribunales, por considerarla inconstitucional y violatoria de los derechos de sus residentes.
Primero un juez federal en el estado de Washington y posteriomente la Corte de Apelaciones del noveno circuito, así como una juez federal en el estado de Virginia determinaron suspender provisionalmente la orden ejecutiva en todo el territorio estadunidense.
Ante la invocación de la amplia autoridad del presidente en materia de seguridad nacional, la sentencia de la Corte de Apelaciones determinó que la supuesta irrevisabilidad de la orden, invocada por los abogados del gobierno, iría "en contra de la estructura fundamental de nuestra democracia constitucional", mientras que la juez federal de Virginia afirmó que tratándose de las amplias facultades del ejecutivo en asuntos de seguridad nacional, "poder máximo no significa poder absoluto".
Y así, a golpe de sentencias judiciales, quedó congelada una orden firmada por el presidente del país más poderoso del mundo.
La gran lección que nos deja este episodio es que los pesos y contrapesos que definen la división de poderes son la piedra angular de todo sistema democrático. Frente a las amenazas autoritarias, frente a los excesos y las arbitrariedades, una rama judicial fuerte y legitimada es la mejor —y a veces única— defensa.
En una democracia constitucional, los jueces —particularmente los constitucionales— tienen un rol fundamental en la vida pública: arbitran los conflictos políticos; dan cauce a las tensiones sociales; velan por el respeto tanto de gobernantes como de gobernados a las reglas del Estado de Derecho y, en este sentido, contribuyen de manera única a la estabilidad del sistema.
Ciertamente, el rol del juez no es el de suplantar o sustituir al poder político, sino recordarle que hay principios que lo rigen, y que la elección democrática no es suficiente para justificar sus acciones; que ante todo y por sobre todo están los derechos que la Constitución reconoce a toda persona, por el solo hecho de serlo.
Pero esto solo es posible cuando la judicatura goza de legitimidad y autoridad moral en la sociedad; cuando a pesar de que puedan existir voces a favor y en contra de las sentencias que se dicten, prevalece un clima de confianza en la imparcialidad de la justicia. La confianza en los jueces es entonces pilar esencial de una sociedad libre y democrática.
Es por ello que en el contexto nacional e internacional tan complicado que vivimos y ante los retos que se avecinan, cualquier proyecto nacional debe poner en la cima de sus prioridades el fortalecimiento de la independencia y la autonomía del Poder Judicial y, particularmente, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
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Apostar por juzgadores capaces de enfrentarse a quienes ejercen el poder, ya sea político, económico, mediático, etcétera, y comprometidos únicamente con la Constitución, es una condición indispensable si queremos asegurarnos de que nuestro país tenga la fortaleza institucional necesaria para hacer frente a los retos por venir.
Garantizar el ejercicio pleno y robusto de los derechos y libertades, como corresponde a los tribunales constitucionales, es la única manera de asegurar no solo el fortalecimiento sino la permanencia misma del estado constitucional y democrático de derecho.
En este sentido, no es exagerado afirmar que sin jueces no hay libertades y sin libertades no hay democracia. Por ello, en medio de los debates sobre el rumbo que debe tomar nuestro país, es importante no perder de vista, ni por un momento, que tanto en época de estabilidad, pero sobretodo de crisis, los jueces importan.
FLC
