Las autoridades más señaladas como violadoras de derechos humanos son la Fiscalía del Estado de Jalisco, la Secretaría de Educación, el Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses y la Secretaría de Salud.
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En un acto de rendición de cuentas, ayer, el titular de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), Alfonso Hernández Barrón, presentó su Informe Anual 2019 ante funcionarios del Poder Ejecutivo del estado.
El documento destaca el trabajo realizado en tres dimensiones: la defensa de los derechos humanos, con la investigación de casos; la gobernanza, en la construcción de políticas públicas en comunidades de práctica, donde participan autoridades y organizaciones civiles; además de la cultura, mediante diferentes procesos que llevan a la toma de conciencia y apropiación colectiva de lo que son los derechos humanos.
Explicó que este órgano autónomo, en 2019 se vinculó con más de medio millón de personas; en la dimensión de defensa atendió a 32 mil 259 personas que presentaron queja o recibieron alguna orientación o representación con motivo del nuevo sistema de justicia penal; y más de 326 mil personas recibieron capacitación, tanto del sector público como del sector privado.
La CEDHJ recibió 10 mil 913 quejas, incluyendo las de carácter colectivo, las cuales hoy marcan la agenda de relacionada con derechos económicos, sociales, culturales y ambientales; y dio más de 16 mil orientaciones. Se elaboraron 285 actas de investigación y se abrieron 112 quejas de oficio, las mayores cifras en la historia de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco.
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Se emitieron 40 recomendaciones, 26 dirigidas al Ejecutivo, Hernández Barrón resaltó la importancia de estas resoluciones y lamentó la resistencia de algunos servidores públicos para aceptarlas, aun cuando están sustentadas jurídicamente: “Se debe comprender que una recomendación más que un ataque a la autoridad, representa una amplia oportunidad para mejorar el quehacer del gobierno. Tienen que ser vistas y sentidas como un soporte para que las instituciones reencaucen su actuación frente a una violación, alcance sus fines y objetivos de atención y servicio dentro de un estado constitucional”.
Hernández Barrón hizo un recuento del acompañamiento a víctimas y la gestión para que obtuvieran compensaciones económicas por más de cinco millones de pesos como parte de la reparación integral del daño, con lo que exhortó al representante del gobernador para que no se retrasen más los pagos compensatorios a las víctimas, ya que representa un acto de sobrevictimización, más aún cuando la defensoría pública acreditó las violaciones de derechos humanos.
El fondo que se destina a la atención a víctimas debe ejercerse con prontitud, porque “atrás de las víctimas hay historias de sufrimiento, hay historias de dolor y de necesidad, de gente particularmente de estratos económicos vulnerables”.
El funcionario ofreció articular un proyecto de capacitación para los servidores públicos de las diferentes dependencias del Poder Ejecutivo.
“Es una tarea sin duda, difícil, complicada, que requiere grandes esfuerzos, pero la CEDHJ está lista para asumir ese reto y nos ponemos a su disposición”, dijo.
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RespuestaEnrique Ibarra Pedroza, luego de escuchar el informe, aceptó la invitación para acentuar el diálogo y la comunicación entre el Poder Ejecutivo y la CEDHJ. Destacó el valor que tiene este organismo defensor de derechos humanos en la sociedad jalisciense y ofreció darle seguimiento a la Agenda 2030, así como revisar el presupuesto asignado a esta defensoría.
SRN
