La Fiscalía General de la República (FGR) investiga de nueva cuenta a ex funcionarios del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), pero ahora por la desincorporación de un terreno federal y aledaños en donde se construirá la nueva sede de la FGR en Bosques de las Lomas.
Sin embargo, esta nueva carpeta de investigación, FED/SEIDO/UEITA-CDMX/0000803/2020, fue iniciada en la Unidad Especializada en Investigación de Terrorismo, Acopio y Tráfico de Armas de la SEIDO, según consta en el oficio FGR/SEIDO/UEITA/7514/2020, mediante el cual la Fiscalía solicita al Indaabin toda la información sobre el proceso de desincorporación de dos predios de 163 mil metros cuadrados.
De acuerdo al escrito fechado el pasado 5 de noviembre, al que MILENIO tuvo acceso, entre esta información se solicitan “los dictámenes para la desincorporación de los bienes de la Federación emitidos por el Comité de Aprovechamiento Inmobiliario Indaabin, autorizados".
Asimismo, se solicita el expediente completo que se integró para iniciar, tramitar y autorizar, así como los antecedentes correspondientes al Mecanismo Alternativo de Solución de Controversia autorizado.
De igual forma, “los acuerdos de Conciliación o contratos o cualquier instrumento jurídico que se hayan suscrito con motivo de la publicación del acuerdo en el Diario Oficial de la Federación y derivado del Mecanismo Alternativo de Solución de Controversia”.
También “la totalidad de los oficios y/o gestiones suscritas por los servidores públicos que intervinieron en los Mecanismo Alternativo de Solución de Controversia. Los folios reales y procedimientos administrativos para la desincorporación de las fracciones del predio; así como los procesos civiles y penales que hayan sido tramitados en la defensa de los intereses patrimoniales del Estado respecto de las fracciones que fueron desincorporadas y autorizadas”.
Esta nueva investigación deriva de un proceso de desincorporación de los inmuebles federales denominados Cenid Microbiología, ubicados en el kilómetro 14.5 de la carretera México-Toluca, colonia Palo Alto, alcaldía Álvaro Obregón, en favor de diversas personas físicas y morales.
Dicho proceso de desincorporación ya fue revisado, en primera instancia, en la auditoría 023/19 efectuada por el titular del Área de Auditoría Interna de Desarrollo y Mejora de la Gestión Pública del Órgano Interno de Control de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y que derivó en un expediente administrativo en la Dirección General de Investigaciones de la Subsecretaría de Responsabilidades y Combate a la Impunidad de la Secretaría de la Función Pública (SFP) de la actual administración.
Respecto a los ex funcionarios del Indaabin involucrados en dicho proceso de desincorporación, la SFP advirtió elementos de la probable existencia de faltas administrativas atribuibles a Soraya Pérez Munguía, ex titular de este organismo; Manuel Lizardi Calderón, ex titular de la Unidad Jurídica; José Gómez Tagle, Julio Saucedo Ramírez, ex titular de la Unidad Jurídica; Luis Mariano Cortés Salazar, ex presidente del Instituto; Rudy Albertos Cámara, y Pedro Martínez Franco por el indebido procedimiento de adjudicación directa y celebración de los contratos de prestación de servicios números DGAF/UJ/74/AD/2016, DGAF/UJ/11/AD/2017, DGAF/UJ/32/AD/2018 y UAF/UJ/06/AD/2019 formalizados el 15 de julio de 2016, 15 de marzo de 2017, 1 de mayo de 2018 y 30 de abril de 2019.
En el caso de Julio César Guerrero, titular por cinco meses del Indaabin, la SFP no advirtió ningún tipo de conducta que pudiera dar lugar a una responsabilidad administrativa respecto de los hechos investigados.
Esta no es la primera vez que la FGR busca judicializar a ex funcionarios del Indaabin. En 2019, el Ministerio Público de la Federación acusó precisamente al ex presidente del Indaabin, Julio César Guerrero, entre otros funcionarios, por el delito de ejercicio indebido del servicio público por supuestamente afectar el patrimonio de la FGR.
Sin embargo, el juez federal Felipe de Jesús Delgadillo Padierna desestimó estos señalamientos y determinó no vincular a proceso a Guerrero, actual subsecretario de Fomento Industrial del gobierno del Estado de México.
FLC
