Diputados locales aprobaron con 26 votos a favor la reforma al artículo 150 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo con lo que se incluyó la figura del gobernador entre los funcionarios que pueden ser sujetos a juicio político.
Así, el artículo 150 de la Constitución Política del estado señala ahora que serán sujetos de juicio político: el gobernador del estado, las diputadas y los diputados del Congreso local, el auditor superior, los titulares de la administración municipal, las y los síndicos, las regidoras y los regidores, las magistradas y los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado así como del Tribunal de Justicia Administrativa y del Tribunal Electoral.
Además de las secretarias y los secretarios del despacho del Poder Ejecutivo, la o el titular de la Procuraduría General de Justicia, la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales, así como la Fiscalía Especializada en Delitos de Corrupción y quienes tengan a su cargo las Coordinaciones creadas por el Ejecutivo, las y los directores generales o sus equivalentes de los organismos públicos autónomos y descentralizados.
El artículo 150 precisa que serán sujetos a juicio político por las acciones u omisiones indebidas en que incurran en el tiempo de su encargo y serán responsables por la comisión de los delitos del orden común y de las violaciones graves a derechos humanos que se cometan durante su gestión.
La iniciativa de reforma fue presentada por los diputados locales de Morena, Doralicia Martínez Bautista, Lucero Ambrocio Cruz y Armando Quintanar Trejo el pasado 11 de abril.
Al respecto, la diputada de Morena, Rosalba Calva García, argumentó que la iniciativa de reforma incluye la figura del gobernador como sujeto a juicio político en un acto de congruencia con el reclamo social.
Mencionó que en otras entidades federativas el gobernador es sujeto de juicio político, “garantizando con ello que ningún servidor público quede excluido del sistema de responsabilidades previsto en el orden jurídico”.
Previo a la aprobación de la reforma, la coordinadora de la fracción parlamentaria del Partido Revolucionario Institucional (PRI), María Luisa Pérez Perusquía, recordó que el gobernador, Omar Fayar Meneses, impulsó la reforma con la que se eliminó el fuero constitucional del que gozaban los servidores públicos estatales y municipales así como la eliminación del procedimiento para la declaración de procedencia.
Aseguró que la reforma representa un compromiso con la legalidad y recuerda, dijo, que nadie debe estar por encima de la ley.
Sin embargo subrayó que “no se debe perder el espíritu de esta reforma y desvirtuar al juicio político convirtiéndolo en un instrumento para hacer ajuste de cuentas y atender revanchismos políticos”.
Desde el Pleno aseguró que la bancada del PRI estará pendiente de que el juicio político no sea utilizado como una herramienta jurídica de presión y sometimiento.
