Con 26 votos a favor los diputados locales aprobaron la reforma al artículo 40 de la Constitución Política del Estado de Hidalgo con lo que se les descontará el día a los legisladores que no acudan, sin justificación, a las reuniones de trabajo de Comisiones así como a las sesiones del Pleno, iniciativa presentada por la diputada Mayka Ortega Eguiluz.
Así, el artículo 40 señala ahora que los diputados que falten a una sesión del Pleno sin causa justificada o sin permiso del presidente de la directiva, o no den aviso previo de su inasistencia a una sesión de Comisión, no tendrán derecho a percibir la dieta correspondiente al día de su inasistencia.
El presidente de la Junta de Gobierno del Congreso del estado, Ricardo Raúl Baptista González percibe un sueldo mensual de 52 mil 278 pesos y el resto de los 29 diputados locales tienen un salario de 48 mil 48 pesos.
“Habremos de fomentar el compromiso de asistir puntualmente no solo a las sesiones del pleno como un acto de protocolo o visible ante los medios de comunicación, sino también a las sesiones de Comisión, que es en donde se desarrollan todos los trabajos de estudio, análisis y propuesta de resolución de los asuntos que son turnados y de los cuales, ante el Pleno, únicamente se somete a consideración, su resolutivo final para discusión y en su caso, aprobación”, sostuvo el diputado Julio Manuel Valera Piedras.
Indicó que el trabajo legislativo debe ser profesional y con independencia de los compromisos o formaciones políticas además de actuar de manera neutra y objetiva para responder a los desafíos socioeconómicos y culturales de una manera más diligente y dinámica.
“Estamos en un tiempo de cambios, en donde la ciudadanía exige que quienes los representamos en el gobierno, desarrollemos nuestras funciones de manera eficiente y apegada a la legalidad, por ello, es momento de fortalecer las acciones que permitan modificar el estereotipo que se tiene de que los diputados asisten a las sesiones a ocupar una curul y una representación, sin ser productivos y socialmente útiles, y, además, que no atienden en tiempo y forma las propuestas de ley tendientes a mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos”, aseveró.
Subrayó que la Ley General de Responsabilidades Administrativas establece que los servidores públicos deben actuar conforme a lo que las leyes, reglamentos y demás disposiciones jurídicas les atribuyen a su empleo, cargo o comisión por lo que deben conocer y cumplir las disposiciones que regulan el ejercicio de sus funciones, facultades y atribuciones.
Además, dijo, de actuar conforme a una cultura de servicio orientada al logro de resultados, procurando en todo momento un mejor desempeño de sus funciones, a fin de alcanzar las metas institucionales según sus responsabilidades.
Agregó que los servidores públicos deben evitar y dar cuenta de los intereses que puedan entrar en conflicto con el desempeño responsable y objetivo de sus facultades y obligaciones y abstenerse de realizar cualquier trato o promesa privada que comprometa al Estado mexicano.
