Pese a la restricción de difusión de información gubernamental en el marco de los procesos electorales, el acceso directo a portales de transparencia, tablas de sueldos, directorios, resultados de auditorías y licitaciones son algunos de los datos que por ley deberán de estar disponibles durante los siguientes meses.
En el periodo que comprende del 30 de marzo al 2 de julio para la suspensión de actividades gubernamentales, obedece a la duración de las campañas federales. Las campañas locales arrancarán el próximo 24 de mayo en el Estado de México, de acuerdo al calendario del Instituto Electoral del Estado de México (IEEM).
Durante estas semanas los sujetos obligados (organismos de los tres poderes de gobierno, organismo autónomos, partidos políticos, sindicatos estatales o municipales, entre otros) deben transparentar información de interés público pese a la veda electoral, de acuerdo a la Ley de Transparencia publicada por el Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios (Infoem).
Que los ayuntamientos, por ejemplo, publiquen la liga de acceso a su página de transparencia es obligación de acuerdo a la legislación. En este apartado deben de estar disponibles y actualizados cada trimestre los montos salariales de los servidores públicos, planes de desarrollo, directorio de servidores públicos, gastos, contrataciones de servicios y en algunos casos las declaraciones patrimoniales y de intereses de servidores.
Con respecto a las instituciones de educación superior dotadas de autonomía y aquellas dependientes del estado, deben de publicar de manera permanente sus planes de estudio (duración de asignaturas, si es de sistemas abierto o escolarizado, y el perfil profesional que cursa la carrera); además de las remuneración de profesores; y el listado de becas y apoyo, así como los requisitos para acceder a dichos estímulos.
En este entendido, el Infoem no considera que la difusión de esta información sea considerada propaganda gubernamental, por lo que de manera obligatoria tiene de estar disponible de manera permanente.
Por otra parte, las sanciones a quien bloquee la información, obstaculice su acceso, omita datos o actúe con negligencia en la clasificación van desde una amonestación pública, hasta una multa de 150 a las mil 500 Unidades de Medida y Actualización (UMA) vigentes - pago por obligaciones previstos a nivel federal- basados en la gravedad e incidencia de la falta.
A quien venda la información o no atienda las solicitudes de la ciudadanía también será objeto de observaciones, las cuales serán desahogadas por los órganos de las contralorías. Caso similar sucede con los partidos políticos, ya que los órganos electorales serán los responsables de aplicar las punitivas, de acuerdo a la legislación.
KVS
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