La magistrada Janine Otálora, integrante de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), advirtió que la elección judicial, en la que se votó por ministros, magistrados y jueces, no fue realmente inclusiva, pues muchos grupos sociales históricamente discriminados no pudieron participar.
Aunque reconoció que fue un “paso importante” que la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) vaya a ser ocupada por una persona indígena, no hubo acciones afirmativas para que todos los sectores sociales tuvieran oportunidad de participar.
Te recomendamos
“La justicia electoral fracasó para crear una elección judicial que fuese realmente inclusiva y, por ende, un poder judicial incluyente de absolutamente todos los grupos sociales”, afirmó Otálora Malassis.
La magistrada impartió una conferencia magistral denominada “Los Pendientes de la Justicia Electoral”, en el marco de los Diálogos con la Defensoría Pública Electoral, en Chiapas, en la que se pronunció por que en el próximo proceso electoral judicial se realicen ajustes para que puedan votar y participar todos los grupos discriminados, que este año fueron excluidos.
Enumeró que, en esta elección judicial, no hubo medidas para el voto accesible para las personas con discapacidad, no pudieron votar los mexicanos residentes en el extranjero ni las personas en prisión preventiva y no hubo garantías para las personas de la diversidad sexual, en particular, del género no binario.
“Si se creó este modelo de Poder Judicial electo por el voto popular, tiene que también obtener su legitimidad de la participación absolutamente de todos los grupos discriminados”, aseguró Otálora Malassis.
La magistrada de la Sala Superior lamentó que el Instituto Nacional Electoral (INE) haya tenido que enfrentarse a la “situación extremosa de una reducción del 50 por ciento de su presupuesto y que esto haya impactado en la posibilidad del acceso al voto de ciudadanía que es excluida, pero también la exclusión de acciones afirmativas en la elección”.
Advirtió que “no podemos dejar a las autoridades atadas de manos con un deber de cumplir y un ser que no le permite hacerlo”.
La magistrada añadió que “no podemos ver la progresividad como un principio que únicamente permite ir avanzando en el tiempo, sino como un principio, a partir del cual existen límites razonables a esos tiempos y parámetros que no permitan regresividad alguna”.
Tras exponer cómo cada uno de los grupos históricamente discriminados enfrentó obstáculos en la primera elección judicial del país, afirmó que “no todas las voces están siendo escuchadas, y no todas están siendo escuchadas en condiciones de igualdad; pueblos y comunidades indígenas, personas con discapacidad, juventudes, personas adultas mayores, personas en prisión preventiva, de la diversidad sexual y de género, así como personas migrantes han encontrado y siguen encontrando muy serios obstáculos para su participación política”.
EHR
