A propuesta del Poder Ejecutivo del Estado de México, las comisiones legislativas del Congreso local analizarán una iniciativa de ley para desaparecer el delito de ultraje del Código Penal mexiquense a fin de que ya no se sancione a quienes emitan expresiones directas o indirectas, con el objetivo de ofender, en contra de alguna persona o institución pública.
Actualmente, este ilícito se castiga con una pena de seis meses a un año de prisión y de 30 a 100 días de multa para quienes ofendan a integrante de la policía, funcionarios o instituciones públicas.
El planteamiento es eliminar dos artículos para evitar restringir, de manera desproporcionada, la libertad de expresión y criminalizar la crítica hacia las personas servidoras públicas, pues se considera que vulnera un derecho fundamental reconocido en la Constitución y en los tratados internacionales.
Su derogación, señala, contraviene el respeto pleno de los derechos humanos, la protección de las garantías constitucionales y la adecuación de la legislación local a los principios democráticos y los compromisos internacionales del Estado de México.
Desaparece Coprisem
Otra de las iniciativas de ley que se expusieron buscan ajustar diversos ordenamientos locales, entre los cuales se encuentra el Código Administrativo, la Ley de Eventos Públicos, la Ley que Regula los Centros de Asistencia Social y Adopciones en el Estado de México, y abrogar la ley que crea el organismo público descentralizado denominado Comisión para la Protección Contra Riesgos Sanitarios de la entidad.
En este último caso, se busca su extinción, previendo que los recursos humanos, materiales, financieros y las previsiones presupuestales de dicho organismo se transfieran a la estructura orgánica del Instituto de Salud del Estado de México para que puedan cumplir cabalmente con su objetivo de proteger a la población contra riesgos sanitarios.
Por otra parte, revisarán reformas a la Ley de Seguridad Social para los Servidores Públicos del Estado de México y Municipios con el fin de armonizar esta norma con el rediseño institucional gubernamental que busca establecer una administración pública eficiente, eficaz, transparente, austera y cercana a la gente.
Aunado a ello, se busca que el ayuntamiento de Nezahualcóyotl desincorpore y done un inmueble del municipio al Banco del Bienestar para que construya y opere una de sus sucursales en esta localidad.
ARR
