El pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general la Ley del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia que, entre otros aspectos, prevé el acceso de las instituciones de seguridad a bases de datos personales, biométricos, telefónicos y vehiculares. También, permite el acceso a registros fiscales, financieros, bancarios, de telecomunicaciones e incluso de salud en poder de autoridades del Estado o particulares, con el fin de prevenir, investigar y perseguir los delitos.
Las bancadas del PAN y del PRI acusaron a Morena y aliados de allanar la entrega de información personal de los mexicanos a gobiernos extranjeros, al establecer en el artículo 39 del nuevo ordenamiento que “podrán estar interconectados (con la Plataforma Central de Inteligencia) de manera temporal o permanente a través de requerimiento a la CNI y bajo la coordinación de la Secretaría de Seguridad (…) todos aquellos organismos regionales e internacionales, gobiernos y empresas extranjeras, para la prevención de delitos, esclarecimiento de hechos y fines del proceso penal”.
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“Díganle a los mexicanos de frente y sin mentiras que con esta ley le permiten a su gobierno entregarle la información de todos los mexicanos y mexicanas a los gobiernos extranjeros”, remarcó la panista Paulina Rubio.
El coordinador de los diputados del PRI, Rubén Moreira, secundó el señalamiento y calificó a los representantes oficialistas de “esbirros del extranjero”.
“Van a mandar la información de las y los mexicanos al extranjero. Ustedes son esbirros del extranjero, ustedes están al servicio de las fuerzas extranjeras. En eso terminaron, en gatos del extranjero, ¡y a maullar, gatos, a maullar!”, arengó.
Avalado en lo general con 368 votos de Morena, PVEM, PT y MC a favor y 101 de PAN y PRI en contra, el proyecto de ley fue enviado al Senado de la República para su análisis y aprobación.
La legislación propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum plantea interconectar los sistemas de inteligencia del gobierno federal, estados y municipios, así como de entes privados, para la investigación de los delitos, en particular los de alto impacto.
Define como objetivo establecer los fines y regular la integración, el funcionamiento y la operación del Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia en Materia de Seguridad Pública, así como los mecanismos de coordinación y colaboración entre las instituciones, autoridades y entes que lo integran, a efecto de eficientar los trabajos para prevenir, investigar y perseguir los delitos, además de las causas que los generan y así lograr la paz social.
Para tal efecto se crea el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), adscrito a la Secretaría de Seguridad, como el órgano responsable de la operación diaria del sistema, de la administración y el control de la Plataforma Central de Inteligencia, así como del uso y aprovechamiento de la información y la generación de los productos de inteligencia.
“Los datos, la información y los productos de inteligencia en seguridad pública que se generen, recopilen, compartan, obtengan o utilicen a través del sistema nacional y de la plataforma serán empleados, a través del análisis criminal, para prevenir y perseguir los delitos, sobre todo aquellos considerados de alto impacto cometidos por la delincuencia organizada”, señala.
Subraya que se pondrán a consideración del Ministerio Publico todos los elementos o datos que pudieran constituir elementos de prueba o servir para la judicialización de carpetas de investigación ministeriales en casos criminales.
Asimismo, detalla, el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia será empleado para realizar mapas, radiografías y organigramas de bandas y organizaciones criminales, así como de incidencia delictiva por localidades, municipios, entidades federativas, regiones, zonas prioritarias, de interés estratégico y transnacionales.
Elaborará también reportes sobre antecedentes, modos de operación, planes, operaciones comerciales y financieras, estrategias, alianzas y delitos, en particular los de alto impacto cometidos por personas, grupos y organizaciones criminales.
Al fundamentar el dictamen de la Comisión de Seguridad Pública, la legisladora morenista Jessica Saiden sostuvo que el Sistema Nacional de Investigación e Inteligencia no será solo un organismo centralista ni autoritario, sino una plataforma de interconexión para generar productos de inteligencia con información clave para prevenir delitos como el secuestro, la extorsión, la trata de personas o los homicidios vinculados a la delincuencia organizada.
“No se trata de espionaje, tampoco se van a interceptar comunicaciones privadas, no se va a instalar vigilancia sin control judicial. El sistema va a respetar escrupulosamente los límites constitucionales y las legislaciones secundarias”, aseguró.
Por el PAN, el diputado José Ruvalcava sostuvo que, con la nueva ley, el gobierno tendrá el poder para acceder a toda la información, incluyendo geolocalización, los CURP, datos biométricos, cuentas de banco, e incluso conversaciones telefónicas, fotos y videos las personas que utilicen un celular.
“Es importante que sepan que va a haber un espionaje sin control judicial. Se permitirá la recolección de información personal sin la autorización de un juez, lo que significa que el Estado podrá espiar a cualquier ciudadano sin rendir cuentas”, dijo.
El priista Emilio Lara denunció igualmente la intención de acceder a catastros, base de datos de placas, servicios de seguridad privada, cuentas bancarias, datos biométricos y hasta historiales médicos, telefonía móvil y comunicaciones personales:
“Hoy dan un paso más en la construcción de un Estado autoritario, un Estado que todo lo ve, un Estado que todo lo guarda, todo lo cruza a su antojo y lo usa a su antojo con quien se atreva a pensar diferente: el gran Big Brother esta ley fisgón”.
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¿Qué implica la reforma?
Aprobado en lo general con 445 votos a favor y 37 en contra, el proyecto de Ley del Sistema de Seguridad Pública incluyó modificaciones al dictamen, entre las que destaca la eliminación de la plataforma digital de usuarios de telefonía móvil a cargo de la Agencia de Transformación Digital y con acceso de las instituciones de seguridad a todos los datos personales.
No obstante, el articulado prevé la creación de un Sistema Nacional de Información con registros nacionales y bases de datos en materia de detenciones, información criminal, personal de seguridad pública, personal y equipo de los servicios de seguridad privada, armamento y equipo, vehículos, huellas dactilares y teléfonos celulares, entre otras.
De igual forma, los diputados suprimieron la definición expresa del carácter civil de las instituciones de seguridad.
La iniciativa de la presidenta Claudia Sheinbaum y el dictamen originalmente aprobado en comisión establecían que “las instituciones de seguridad pública serán disciplinadas profesionales y de carácter civil, y su actuación se regirá por los principios de legalidad, objetividad, eficiencia, honradez y respeto a la dignidad y los derechos humanos reconocidos en la Constitución Política”.
Guardia Nacional será la principal institución de seguridad pública
En las propuestas de modificación presentadas este miércoles ante el pleno se retiró dicho párrafo y se reafirmó, en cambio, a la Guardia Nacional como principal institución de seguridad pública a nivel federal, adscrita a la Secretaría de la Defensa, “pero con un enfoque y formación en doctrina policial civil”.
El nuevo ordenamiento otorga al Consejo Nacional de Seguridad Pública la atribución de suspender las aportaciones en materia de seguridad a entidades federativas y municipios, en caso de que las autoridades locales incumplan los acuerdos de coordinación.
A su vez, el dictamen de la Ley del Sistema de Investigación e Inteligencia plantea interconectar los sistemas de inteligencia de la federación, entidades federativas y municipios, así como de entes privados, para fines de investigación de los delitos, en particular los de alto impacto.
Considera el acceso de los órganos del Sistema Nacional a los registros en poder de instituciones del Estado y particulares sobre datos personales y biométricos, telefónicos, vehiculares y de placas, así como de la propiedad y del comercio, registros fiscales, registros de armas de fuego, registros de comercio, registros de servicios financieros, bancarios, de transporte, salud, telecomunicaciones y empresariales.
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