El ex síndico del Ayuntamiento de Ramos Arizpe, Héctor Horacio Dávila Rodríguez, denunció que en la administración de Lilia María Flores hubo un desvío de recursos por 50 millones de pesos, destacando que el proceso ante el Congreso de Coahuila fue admitido.
Dávila Rodríguez recordó que diciembre pasado acudió ante el Poder Legislativo para solicitar que se investigue y castigue a la ex alcaldesa por el mal uso de los recursos públicos de ese municipio.
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“El día 31 de diciembre de 2018 pusimos una demanda, en la parte del Congreso donde expusimos que Tita (Lilia María) Flores se había llevado 50 millones de pesos (del erario público) y en verdad se los llevó y creo se llevó más”, dijo.
Explicó que en la administración encabezada por Ramón Oceguera el 9% del presupuesto se fue a deuda, casi 28 millones de pesos por año, en la administración de Ricardo Aguirre se fue a la deuda el 5% del presupuesto, alrededor de 21 millones de pesos por año.
Mientras que en el periodo de Tita Flores, de un año, se elevó a un 13 % la deuda, lo que significa más de 50 millones de pesos.
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“En los periodos de Oceguera y Richie hubo obra, trabajaron, estuvo el tema de las computadoras, recuperación de plazas, Ramos Arizpe avanzó, pero el año pasado no hubo obra y la obra que se hizo se quedó a medias y acuérdense lo que pasó con los útiles escolares que nunca aparecieron”, expresó.
“Los 25 millones de pesos del agua, que se pagaron por el gobierno del estado, que luego se regresaron no se sabe dónde quedaron; el edificio administrativo que está enfrente de la presidencia municipal nunca supimos qué pasó con el recurso”, agregó.
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En este sentido es que comentó que la deuda que Tita Flores dejó fue superior a los 50 millones de pesos, recursos que no debieran faltar, expuso que actualmente la deuda de Ramos Arizpe es por el orden de los 130 millones de pesos, de los cuales 80 millones corresponden a administraciones pasadas.
Además comentó que el presupuesto ejercido en 2018 fue por casi 390 millones de pesos, por lo que exige que se investigue y se castigue el daño, no solo al erario, sino a los ciudadanos que fueron afectados con la falta de inversión y mejoras en sus condiciones de vida.
