El Poder Judicial del Estado de Guanajuato anunció la suspensión de actividades debido a las medidas de prevención que se toman en la entidad al igual que en varias partes de México por la contingencia sanitaria que se vive por el Covid-19.
No habrá un cese definitivo de las labores que realizan los órganos jurisdiccionales, debido a que en el acuerdo realizado por el PJEG, se atenderán casos de emergencia, realizándose las audiencias a puerta cerrada y se implementarán guardias por los funcionarios que desempeñan su labor en dicha institución.
“Se establecerá el sistema de guardias especiales por contingencia, para los Juzgados Regionales que operen el Sistema Penal Acusatorio y Oral, los Juzgados del Sistema Integral de Justicia Penal para Adolescentes, los Juzgados Civiles de Partido especializados en materia Familiar, así como los Juzgados Regionales de Oralidad Mercantil”, señala el acuerdo.
El Consejo del Poder Judicial preciso que los días de ausencia por la contingencia o son una extensión de vacaciones, expresando que los funcionarios tendrán que presentarse a laborar cuando se necesite de su colaboración.
“El presente acuerdo no implica un periodo vacacional para los servidores públicos del Poder Judicial, por lo que deberán estar a disposición cuando sean requeridos por el Consejo o por su superior jerárquico”, dictamina el acuerdo.
Sólo las audiencias de carácter urgente no serán reprogramadas para después del 20 de abril y que las audiencias que se estén ya celebrado se continuarán hasta llegar a su conclusión cumpliendo las medidas preventivas que exhorta a realizar las autoridades de salud.
“Son impostergables las determinaciones y audiencias de carácter urgente. Las audiencias de juicio oral que actualmente se encuentren celebrándose, deberán continuar hasta su conclusión, sin perjuicio de la suspensión prevista en el artículo 351 del Código Nacional de Procedimientos Penales, observando las medidas de prevención sanitarias correspondientes”, señala el acuerdo aprobado.
Finalmente se enfatizó que personal mayor a los 60 años, mujeres embarazadas y funcionarios que padezcan de diabetes, enfermedades pulmonares crónicas, cáncer, hipertensión, enfermedades cardiovasculares o inmunodeficiencias, se verán en la obligación de hacer guardias.
