El pleno de la Cámara de Diputados instó al gobierno federal, así como a las autoridades estatales y municipales, a emprender acciones para prevenir y frenar los actos de linchamiento.
Urgió asimismo al Ejecutivo a destinar más recursos económicos, logísticos y de seguridad a municipios y localidades que requieren atención urgente por estar en situación de riesgo en materia de inseguridad e ingobernabilidad.
A propuesta de la legisladora María Rosete, de Encuentro Social, las fracciones parlamentarias emplazaron a la Secretaría de Gobernación a diseñar una estrategia de prevención para evitar que se incite a la población de las comunidades a hacer justicia por propia mano.
Según la proposición aprobada con carácter urgente, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) ha documentado tan solo este año 25 casos de personas linchadas y otros 40 intentos frustrados por la autoridad.
No obstante y de acuerdo con un estudio del Senado de la República, el número de linchamientos durante los últimos 26 años en México alcanza 366 en diversas entidades, principalmente el Estado de México, Ciudad de México, Morelos, Puebla y Oaxaca.
Rosete sostuvo que el hartazgo social por la inseguridad y por las actividades de la delincuencia organizada ha generado múltiples casos de justicia por propia mano, como un “método de control social” ante la ingobernabilidad y la deficiencia de las corporaciones policiacas.
“Desafortunadamente y lo más preocupante es que la raíz de los linchamientos tiene que ver con noticias y mensajes falsos o rumores que han circulado a través de internet sobre supuestos secuestros de niños, y las víctimas eran inocentes”, alertó.
Al expresar el respaldo de Morena al punto de acuerdo, la diputada Ana Lilia Guillén sostuvo que el linchamiento es un delito que pone en evidencia la crisis de la impartición de justicia y vulnera los derechos de los acusados, afectando el tejido social.
“Como sociedad, debemos rechazar toda expresión de violencia al margen de la ley, al tiempo de exigir a las autoridades tanto locales y estatales y de la federación sancionar estos actos mediante la legislación competente”, remarcó.
María Liduvina Sandoval, del PAN, y Rubén Moreira, del PRI, secundaron también el llamado a frenar los actos de linchamiento y velar tanto por la legalidad, como por los derechos humanos.
