Morena y sus aliados aplicaron la aplanadora contra Rosario Robles. En menos de dos horas realizaron el juicio político a la ex funcionaria y avalaron de manera unánime el dictamen que propone inhabilitarla por 20 años.
PAN, PRI y PRD de plano dejaron el camino libre: faltaron a la sesión del pleno con el argumento de que protestaban por la falta de acciones del gobierno federal para frenar la epidemia del Covid-19.
El juicio a Rosario Robles solo se vio interrumpido por empleados de la propia Cámara de Diputados, que exigían el retiro de una iniciativa presentada por el PT para arrebatar a los sindicatos el control de 50 por ciento de las plazas en la administración pública federal.
Los inconformes llegaron con pancartas y consignas al vestíbulo principal del recinto, pidieron ingresar al salón para dialogar con el presidente de la Junta de Coordinación Política, Mario Delgado.
Como no obtuvieron respuesta, los empleados elevaron el tono de su protesta y empezaron a empujaron las puertas de acceso hasta derribar una de ellas e irrumpir en la sesión.
Al ver que la cosa iba en serio, Laura Rojas, presidenta de la Mesa Directiva, decretó un receso y Delgado ofreció dialogar con los manifestantes. Finalmente éstos aceptaron y salieron del salón.
Treinta y cinco minutos más tarde la sesión se reanudó. La suerte de Robles ya estaba echada. De nada sirvieron los alegatos de su abogado, Alberto Sánchez Rojas, quien acusó que desde el inicio del proceso fue visible “una saña inaudita” y la violación sistemática a los derechos humanos de la ex funcionaria. Incluso, dijo, se violentaron sus garantías como mujer.
“Este juicio político en todo momento ha sido un atropello a los derechos humanos que como persona y como mujer le corresponden a María del Rosario Robles Berlanga. En este procedimiento se ha visto una saña inaudita en contra de su persona, pasando por encima de sus derechos constitucionales y de sus compromisos en materia de derechos humanos que ha asumido México a nivel internacional”, aseveró.
En respuesta, la diputada morenista Tatiana Clouthier, quien fue una de las que interpuso la solicitud de juicio político, negó que se tratara de una consigna o que el género una premisa para iniciar el proceso. “No hay atropello. No nos dejemos engañar. La justicia y la tarea que nos competen tienen que llevarse a cabo”, puntualizó.
Su correligionario Pablo Gómez, presidente de la Sección Instructora, instancia que dictaminó a favor el juicio, fue más allá y de paso respondió a su compañero Porfirio Muñoz Ledo, quien una noche antes señaló que el juicio político contra la ex secretaria de Desarrollo Social y de Desarrollo Agrario era más un “lucimiento político para verdugos improvisados”.
“Aquí no hay venganzas, linchamientos, ni verdugos. Hay una Cámara de Diputados en ejercicio pleno de sus facultades constitucionales históricas, que ejerce sus facultades de control y jurisdiccionales con plena conciencia de que defendemos la democracia de nuestro país, el estado de derecho”, señaló.
Anilú Ingram, la única priista que asistió para defender a Robles, advirtió que el juicio político contra su compañera de partido no tenía fundamento ni razón de ser.
Y fue todo. Al final los legisladores de Morena, PT, PES, PVEM y MC aprobaron con 271 votos que hay elementos suficientes para responsabilizar a Robles por el presunto desvío de 7 mil millones de pesos a través de la llamada “estafa maestra”.
Sacaron el dictamen y lo turnaron al Senado que, en caso de ratificarlo, procederá a la inhabilitación de la ex funcionaria para ocupar cargos públicos hasta por 20 años.
Así, después de 94 años del último juicio político contra un alto funcionario, la Cámara de Diputados se erigió nuevamente en órgano de acusación.
