Tras días de aplazar la discusión por la polémica del caso del diputado federal Cuauhtémoc Blanco, el Congreso de Nuevo León, aprobó una reforma constitucional llamada “3 de 3 vs la violencia”, en la que establecen que las personas que sean deudoras de pensión alimenticia, agresores sexuales o que hayan cometido violencia familiar, no podrán ocupar cargos públicos o de elección.
La reforma, aprobada en primera vuelta a fin de dar a conocerla, hacer mesas de trabajo y difusión máxima, contempla beneficiar a las mujeres que por años han sufrido los delitos mencionados.
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“Ambas iniciativas coinciden en la necesidad de consagrar en el orden constitucional del Estado, la suspensión de derechos ciudadanos, cuando una persona cometa delitos de violencia familiar, delitos sexuales o violencia en contra de las mujeres en cualquiera de sus modalidades o bien por incumplimiento de obligaciones alimentarias, es decir, que la persona sea deudor alimentario moroso. Este conjunto de requisitos para poder acceder a cargos de elección popular o a ejercer algún cargo público, se le ha conocido comúnmente como “3 de 3 contra la violencia””, acordaron.
Dicha reforma necesita la aprobación en segunda vuelta constitucional para que entre en vigor, quizá, después del verano.
Durante la discusión, Berenice Martínez, vicecoordinadora de Morena, dijo que en Nuevo León no habrá lugar para hombres violentadores.
“Con esta reforma estamos diciendo, con toda claridad, que en Nuevo León no hay lugar en el servicio público para quienes han lastimado a las mujeres, a la niñez o a sus familias. Sabemos que esta iniciativa, conocida como “3 de 3 contra la violencia”, tiene su origen en una reforma constitucional federal, publicada el 29 de mayo de 2023”.
“Sabemos también que los Congresos locales, incluido el nuestro, estamos obligados a armonizar nuestras leyes para que ninguna persona agresora ni deudora alimentaria pueda ocupar espacios de poder público”, agregó Martínez.
Sandra Pámanes, vicecoordinadora de Movimiento Ciudadano, indicó que la reforma representa un paso decisivo en la lucha contra la igualdad de género, así como en la construcción de un país donde la violencia no tenga cabida.
“Este es el momento de demostrar que estamos del lado correcto de la historia. Que este Congreso no será cómplice de la violencia en contra de las mujeres, ni permitirá que el poder se convierta en un escudo para quienes han lastimado a otros”.
“Aprobar esta reforma no es una opción, es un deber constitucional, moral, político y social. La ciudadanía nos observa. El futuro de nuestro país nos reclama”.
“No más agresores en el poder. No más impunidad. La reforma 3 de 3 contra la violencia de género debe ser aprobada”, declaró.
Claudia Caballero, diputada local del PAN, dijo que estaban a favor de que los servidores públicos con estos antecedentes no tenga un puesto en cualquier administración.
“Buscamos proteger a las mujeres, apoyamos la implementación de estas medidas que son más estrictas para sancionar aquellos irresponsables, aquellos que no cumplen con sus propios hijos, desde el PAN, creemos que el estado debe de garantizar toda la justicia, pero también en la responsabilidad individual como base de la sociedad no puede haber impunidad para aquellos que incumplen con lo más preciado con los hijos”, refirió.
Lorena de la Garza, presidenta del Congreso, afirmó que han recibido quejas de usuarias.
“Hemos recibido quejas que acusan a personas que son funcionarios públicos municipales, estatales, directores de área federales, miembros del Poder Judicial, miembros de las Fiscalías. Sepan que esto ya va a ser un delito que se va a perseguir en el estado de Nuevo León y que no importa el cargo y el poder”, apuntó.
mrg
