La empresa que presta los servicios de hemodiálisis en la Comisaría de Sentenciados, antes Centro de Reinserción Social (CRS) en el complejo de Puente Grande, Jalisco presentará una demanda en contra del Gobierno del Estado por el adeudo de casi 10 millones de pesos y que ha venido a repercutir en la atención a reos.
“Hemos tratado que las autoridades entiendan que este tema es urgente, y que obviamente no es un tema personal que yo no quiera abrir; es que no tengo capacidad para seguir solventando esta unidad, sin que ellos me puedan ofertar algo, obviamente no les estoy pidiendo ni siquiera el pago total para poder abrir, lo que necesito es que me den recursos para poder abrir nuevamente”, expuso Hugo Villavicencio, director general de la empresa Cuidados Integrales de Enfermeras Profesionales (Intepro) que opera la Unidad desde el 2016.
Este sábado, familiares de los internos pidieron a las autoridades estatales reanudar la operación de la Unidad de Hemodiálisis que se encuentra sin recursos.
“A mí hijo lo tuvieron desde la cinco de la mañana, lo sacaron, lo tuvieron todo el día en el solazo, esposado y hasta la siete de la noche lo regresaron y no le hicieron nada, ninguna hemodiálisis” en el Hospital Civil de Guadalajara, expresó Catalina, madre de Lorenzo, un reo de 40 años de edad que padece insuficiencia renal crónica.
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Con el cambio de gobierno los tratamientos se redujeron. Primero a dos y luego a uno. Hoy no hay dinero ni para los tratamientos esporádicos que continuaron gracias a una asociación civil. Lo cierto es que la salud de los pacientes es delicada.
“¿Qué vamos hacer nosotras?, ¿se va a seguir batallando, estar ellos yendo al hospital a esperar que haya turno”, cuestionó por su parte María Elena, esposa de otro interno de 49 años de edad.
Hoy en día en la Comisaría de Sentenciados existen tres reos en estado delicado.
En rueda de prensa, Hugo Villavicencio precisó la pasada administración no liquidó el adeudo de seis millones 900 mil pesos. Ahora a dicha cantidad se sumarían alrededor de 3 millones de pesos. “Tengo con que comprobar cada uno de los servicios prestados”, destacó.
Según explicó, las autoridades no reconocen el adeudo que dejó el anterior gobierno.
“Nosotros no trabajamos para ninguna administración, ni para un partido. Quieren revisar el contrato, quieren revisar si existe”.
Inclusive, agregó, han dicho que la Unidad de Hemodiálisis no existe y que hasta ya pagaron.
“(Me dijeron) el presupuesto se terminó. Si me preguntas (fueron) temas cambio de gobierno, temas electorales, venían las campañas y el dinero empezó a dejar fluir”, denunció.
Hugo Villavicencio exhibió el contrato de comodato que fue firmado en 2016 por el entonces Fiscal General, Eduardo Almaguer Ramírez, hoy regidor; así como por Mauricio Gudiño, sub secretario de Administración de Jalisco y los directores jurídicos de ambas dependencias.
Afirmó que la reapertura de la unidad es urgente. “Es un tema de derechos humanos, es un tema de humanidad”, concluyó.
Reos que necesitan
Entre los reos que requieren hemodiálisis, se encuentra José Luis “N”, quien en 1985 identificó al agente de la DEA Enrique Camarena Salazar para que fuera privado de su libertad y luego asesinado. Actualmente tiene 72 años de edad y fue condenado a 40 años de prisión. Era un hombre cercano a Rafael Caro Quintero. Desde el 2016 ha solicitado la libertad anticipada. “Con diagnóstico de insuficiencia renal crónica. Presenta descontrol hipertensivo”, se lee en informe médico.
Otro de los internos que recibe atención médica es Luis Francisco “N”. En 2012 fue detenido por su participación en el multihomicidio registrado en los Arcos del Milenio; también presenta “insuficiencia renal crónica en estadio G-5”. Es decir, el funcionamiento de sus riñones está reducido Ya estuvo internado en el Hospital Civil de Guadalajara. Tiene 25 años de edad.
Mientras el reo Héctor Gustavo “N”, recibió última sesión el pasado 31 de enero. Su diagnóstico al igual que el de Luis Francisco es “insuficiencia renal crónica en estadio G-5”. Se encuentra recluido por su detención llevó al descubrimiento de una fosa donde había al menos 17 cuerpos en Zapopan.
Inhabilitan funcionario; no dan explicaciones
La Secretaría de Seguridad Pública del Gobierno del Estado de Jalisco confirmó que fue suspendido por tiempo indefinido José Antonio Pérez Juárez, director de Reinserción Social en la entidad.
Su lugar fue ocupado por Roberto Lares quien se desempeñaba como responsable del Reclusorio Metropolitano.
La dependencia a cargo del general Daniel Velasco Ramírez, no detalló el por qué se le separó del cargo. Tampoco si se inició una investigación en contra del funcionario que apenas ingresó el pasado 6 de diciembre a la administración estatal.
Durante este tiempo encabezó varios eventos con internos, preliberados e incluso, denunció la serie de irregularidades que detectó al tomar el cargo.
Antes de ser funcionario José Antonio Pérez Juárez, era litigante del ramo penal y presidió la Asociación Jurídica Jalisciense.
SRN
