La Subsecretaría de Administración Tributaria de Nuevo León (SAT NL) anunció que intensificará las revisiones y clausuras a empresas contaminantes, así como la aplicación de sanciones económicas a aquellas que impacten negativamente el medio ambiente e incumplan con el pago de impuestos ecológicos.
“Nuevo León va con mano dura contra quienes ponen en riesgo la salud de las personas y del medio ambiente”, aseveró Carlos Contreras Segovia, titular del SAT NL.
“El mensaje es claro: en Nuevo León vamos con mano dura contra quienes contaminen. No vamos a permitir que se siga poniendo en riesgo la salud de las personas y el futuro de nuestro estado”, afirmó Contreras Segovia.
Destacó que estas medidas forman parte de una ofensiva más amplia del Gobierno de Nuevo León para frenar los delitos ambientales, anunciada recientemente por el gobernador Samuel García, quien propuso la creación de una División Ambiental integrada por elementos de Fuerza Civil, la Procuraduría Ambiental y la Fiscalía Especializada en Materia Ambiental.
Esta nueva estructura permitirá sancionar con mayor contundencia a las empresas y particulares que contaminen en la entidad, indicó Contreras Segovia.
“El SAT NL, como parte de este esfuerzo integral, redoblará las revisiones y aplicará sanciones ejemplares para garantizar que las empresas cumplan con el pago de los impuestos ecológicos y asuman su responsabilidad en la protección del medio ambiente. No vamos a tolerar a quienes atenten contra el derecho de las familias de Nuevo León a un entorno sano”, afirmó el funcionario.
Entre los casos más recientes destacan la sanción a la siderúrgica Ternium por el derrame de contaminantes en el arroyo La Talaverna; la suspensión de actividades de Pyosa Industrias por un derrame en el arroyo Topo Chico; las denuncias contra Zinc Nacional por afectar la calidad del aire y el agua en Monterrey; y la clausura de empresas del sector pedrero por generar emisiones contaminantes.
El titular del SAT NL recordó que estas acciones se sustentan en la Ley de Hacienda del Estado, que establece la obligación de contribuir por la emisión de contaminantes al aire.
