Puebla se encuentra en una de las rutas de tránsito de los transmigrantes que se dirigen hacia Estados Unidos y junto con los estados de Oaxaca y Veracruz, conforma una de las regiones en las que más se cometen agresiones.
De acuerdo con los resultados de la investigación “Procesos migratorios en México 2019”, realizado por la Red de Documentación de las Organizaciones Defensoras de Migrantes y presentado en la Universidad Iberoamericana Puebla, entre los principales agresores de los migrantes se encuentran los policías municipales y estatales, los integrantes de grupos delictivos y los particulares.
El estudio basado en entrevistas a migrantes que pasan por albergues ubicados a lo largo del territorio mexicano revela, al menos, 27 casos de agresiones contra los transmigrantes que pasaron por territorio poblano con destino a la frontera norte del país; sin embargo se trata solo de una muestra. Del total, siete fueron cometidos por personas particulares, cinco por policías y cinco por grupos delictivos o delincuencia organizada.
Dentro de los principales delitos que reportan los transmigrantes se encuentran: abuso de autoridad, extorsión, intimidación, lesiones, abuso sexual, robo, amenazas e intento de robo de diferentes pertenencias.
La gran mayoría de los migrantes, 90 por ciento, llegan procedentes de Centroamérica, particularmente de Honduras, 78 por ciento; Guatemala, 8.3 por ciento; El Salvador, 6 por ciento; de algún estado de México,4.9 por ciento; Nicaragua, 1.8 por ciento; y Venezuela, 0.3 por ciento.
El año 2018 quedó como el más violento de la historia contra los migrantes, luego de que se registraron más de tres mil 777 casos de agresiones. Chiapas, Veracruz, Oaxaca y Tabasco, aparecen como las entidades con la mayor cantidad de agresiones contra los migrantes.
Ante las políticas migratorias de México, el estudio revela un cambio de la dinámica de movilidad de los transmigrantes: el paso masivo cambió para cruzar el territorio con el objetivo de no ser descubiertos por las autoridades; además, se busca reducir el riesgo de secuestros y otros abusos cometidos por el crimen organizado, detalla el análisis.
“La falta de acceso a la justicia, junto con los perfiles que contrastan con las caravanas, demuestran que los riesgos y la impunidad son una constante en el camino y que no se ha hecho nada para proteger la vida de las personas migrantes; por el contrario, cuando deciden buscar sus propias formas de protección son criminalizadas”, detalla la investigación.
El reporte agrega que las personas transmigrantes son especialmente vulnerables frente a la implementación de políticas migratorias restrictivas y en México opera la impunidad y la violencia generalizada por parte de actores estatales y del crimen organizado.
“Un enfoque de seguridad restrictivo criminaliza la migración y aún más, cualquier forma de organización que les permita protegerse en el tránsito. El nuevo gobierno, lejos de comprender la complejidad y las necesidades específicas de protección de los grupos más vulnerables, continúa implementando las políticas de detección, detención y deportación del Programa Integral Frontera Sur y, por lo tanto, vulnerando el Estado de derecho al atender sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos de las personas migrantes”, explicó.
El estudio revela que los niños, niñas y adolescentes en tránsito conforman el grupo más vulnerable a sufrir violencia tanto por agentes del Estado como por pandillas y grupos del crimen organizado, lo cual, tiene consecuencias graves sobre su integridad y salud física, pero también en el desarrollo de su proyecto de vida y sus posibilidades de integrarse a una comunidad.
MITM
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