De acuerdo con la magistrada Graciela Buchanan Ortega, primero que nada se debe entender que la Organización Mundial de la Salud estableció que en el año 2020 las primeras enfermedades a nivel mundial, más que el cáncer, la diabetes o obesidad, serán la ansiedad y la depresión, de lo cual se generan muchos otros trastornos, y aunque en la entidad, dijo, se trabajó para sacar una Ley de Salud Mental, no está siendo efectiva, ni se sabe quién está haciendo las sanciones, ni se tienen lugares de internamiento.
De igual forma lamentó que los papás sean los primeros en negar que los hijos tengan problemas emocionales, que no se le ha dado difusión a la salud mental sino hasta que sucede algo, que si alguien manifiesta que tiene alguna situación de este tipo todo mundo se asombra, y que exista aún el tabú y la discriminación.
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“Existe la obligación, conforme a la nueva Ley de Salud Mental, de que todas las escuelas tengan un psicólogo. Presupuestariamente hablando la Secretaría de Educación no tiene la capacidad, pero cuando menos se comprometieron a tener por zona un par de psicólogos para atender los casos, y el Instituto de Salud Mental que depende de la Secretaría de Educación es el que tiene que ver a todos los niños, pero no se le ha dado la difusión ni la importancia.
“Yo estoy a favor de que revisen la mochila, sí, pero la mochila ya es la consecuencia, ya cuando traen el arma es que están mal. El punto es tener salud mental en nuestros niños, adolescentes, y adultos, y no estamos haciendo la chamba, ni le estamos poniendo la atención que se debe”, enfatizó.
A decir de Buchanan Ortega, se tiene que fomentar y retomar que el entorno de la familia debe ser el primer valor y enseñarles a los padres a ser padres, porque ahora se dedican a ser proveedores.
Aunque, añadió, el Estado tiene la obligación de tomar las riendas del asunto y crear lugares donde los niños estén creciendo tanto en su educación formal como en la emocional.
“Y en eso hemos adolecido, nadie le mete a la salud mental... hasta que sucede algo”, pronunció.
En el plano de la justicia, la magistrada de la Quinta Sala Unitaria Familiar del Tribunal Superior de Justicia afirmó que al menos el 40 por ciento de los casos que ve en esa Sala requieren de apoyo psiquiátrico.
“Yo veo todo lo familiar, que en cantidad es lo mayor que se ve en el Poder Judicial, y yo advierto que de todos los casos, quitando las sucesiones, el 95 por ciento de las personas que tienen proceso en lo familiar requieren apoyo terapéutico.
“Y de ese 95, un 40 por ciento requiere apoyo psiquiátrico, porque no va a salir de su problema, ¿por qué?, porque es bipolar, porque tiene lesionado el lóbulo frontal entonces es agresivo, porque sufre depresión aguda, porque sufre de crisis de ansiedad o muchos otros factores, y mientras no esté medicado va a seguir el problema”, precisó.
Por último, se le preguntó ¿Cómo ve el escenario de la salud mental en Nuevo León?
“Muy pobre. Muy pobre porque ha habido esfuerzos importantes pero no ha habido eco. Muy pobre porque no se ha generado la cultura de la inclusión y del respeto a la salud mental. Muy pobre porque no se le ha dado el interés para dar continuidad a los programas que se han hecho.
“Muy pobre porque en las escuelas debería de haber, no programas de inclusión para que metas un niño que tiene un trastorno y que esté como hongo ahí sentado, eso no sirve para nada, debería de haber espacios adecuados para que los niños estudien, aprendan, y no nada más ‘te tengo aquí porque soy bien buena gente’. Nos falta mucho”, dijo.
Cabe recordar que Buchanan Ortega fue una de las impulsoras de la Ley de Salud Mental en Nuevo León, y creó, con el apoyo de psiquiatras y psicólogos, un programa de diagnóstico preventivo y oportuno de factores de riesgo en menores, no nada más de violencia, sino de que padezcan algún trastorno de salud mental como déficit de atención, hiperactividad, depresión, ansiedad, mismo que ejecutaban los maestros.
“Se corrieron programas pilotos en escuelas públicas y privadas, rurales y del área metropolitana. Es increíble que niños que vivían en zonas rurales aparecían con ansiedad, depresión, déficit de atención.
“Aquí en San Pedro, en dos escuelas, montón de ansiedad y muchos casos de riesgo de violencia”, comentó la magistrada sobre los resultados de ese programa, mismo que, indicó, lo debió de haber seguido la Secretaría de Educación.
Y criticó que a los programas no se les de continuidad debida por parte de la clase política.
“Lo digo sin temor: no es posible que los programas que son educativos, que son asistenciales, estén a merced de la voluntad política de nadie. Se deben de seguir, para eso son”, remató.
