Un creciente clamor social se alza desde los municipios de Epazoyucan, Singuilucan y Zempoala, donde ciudadanos han lanzado una enérgica petición en la plataforma Change.org para detener la instalación de la "Planta Fotovoltaica Akuwa Solar", o proyectos similares. La movilización busca alertar a la sociedad y a las autoridades municipales sobre los graves impactos que, aseguran, estos megaproyectos de energía solar causarían en sus territorios.
Los habitantes de estas comunidades han detallado una serie de preocupaciones que van desde el uso desmedido del suelo hasta la afectación de recursos hídricos y la violación de derechos fundamentales.
Uno de los principales señalamientos es la ocupación de cientos de hectáreas de terrenos ejidales, hasta 450 hectáreas aseguraron los firmantes, lo que implicaría un cambio drástico del uso de suelo agrícola/tradicional a industrial. Esta transformación, argumentan, no beneficiaría a las comunidades locales con electricidad más barata, sino que abastecería zonas urbanas e industriales distantes.
Además, la remoción de la cobertura vegetal, incluyendo el agave salmiana (maguey), nopales y otras especies nativas, destruye el hábitat natural de esta planta, fundamental para la producción de pulque y el sustento histórico de las personas tlachiqueras. Esto, afirman, imposibilita la realización de oficios ancestrales y condena a las nuevas generaciones a abandonar el campo o perder esta tradición milenaria.
Pérdida de biodiversidad y afectación al agua
La instalación de los paneles solares requiere la tala o remoción de toda la vegetación, incluyendo magueyes, nopales, cactáceas y plantas silvestres que sostienen una rica diversidad de insectos, aves y mamíferos. La creación de vallas perimetrales y tendidos eléctricos bloquearía corredores naturales, aislando especies y aumentando su riesgo de extinción en la zona.
En cuanto al agua, los inconformes denuncian que la remoción del suelo compacta la tierra y reduce la infiltración de agua de lluvia, incrementando la escorrentía superficial y la erosión. Sumado a esto, la limpieza periódica de los paneles, vital para su eficiencia, demandaría un alto consumo de agua en zonas semiáridas, afectando los ya escasos mantos acuíferos locales. Se mencionan testimonios de comunidades vecinas, como Nopala de Villagrán, donde presas y bordos han comenzado a secarse tras la llegada de parques solares.
Denuncian falta de consulta pública
Los habitantes señalan una flagrante falta de consulta pública, libre, previa e informada. Epazoyucan y Singuilucan cuentan con poblaciones indígenas y ejidales que, por ley, deben ser consultadas en un lenguaje claro antes de autorizar proyectos que modifiquen el uso de su territorio. Sin embargo, las empresas habrían negociado solo con representantes individuales, sin convocar a asambleas ejidales con quórum ni entregar documentos escritos claros. Se reportan contratos confusos, firmas en blanco y promesas de pagos o descuentos que no se cumplen.
Este proceso ha generado un daño al tejido social y criminalización, con la presencia de cercas perimetrales y vigilancia policial que fomentan el temor y la división. Quienes se oponen al proyecto son estigmatizados, limitándoles el acceso a sus propios terrenos. Preocupa también el destino de las tierras si los propietarios fallecen antes de que termine el contrato de arrendamiento de 30 años, dejando a sus herederos sin opción de recuperar sus parcelas o seguir cultivando maguey.
El impacto cultural y patrimonial es otro punto crítico, ya que el maguey es un símbolo sagrado y fuente de identidad. Además, existen vestigios arqueológicos en peligro de destrucción, como ocurrió en Malpaís, Tlaxcala, donde maquinarias arrasaron con todo, incluyendo restos arqueológicos.
Alertan por casos recientes
Los manifestantes citan ejemplos preocupantes:
En Nopala de Villagrán, Hidalgo, la empresa Atlas Renewable Energy prometió reforestar, pero los árboles están secos y la oferta de "descuento en recibo de luz" resultó ser falsa.
En Malpaís, Tlaxcala, a pesar de la resistencia local, la maquinaria destruyó vestigios arqueológicos y los magueyes desaparecieron, dejando a los tlachiqueros sin ingresos.
En España y Australia, proyectos masivos fueron frenados por fragmentar hábitats de especies protegidas, exigiendo costosas reubicaciones y planes de mitigación.
La petición concluye con un llamado a la acción: "Nuestra lucha es por la vida, el agua y el maguey". Subrayan que Epazoyucan, Singuilucan y Zempoala son territorios con una rica herencia cultural ligada al pulque y al agave, el cual no solo produce aguamiel, sino que también sostiene polinizadores y regula el ambiente. Advierten que, de permitirse estos proyectos sin regulación ni consulta, las futuras generaciones se enfrentarían a un desierto sin agua, sin maguey y sin tradiciones.
