Durante el arranque del XVIII Congreso Nacional de la Asociación Nacional de Defensorías Públicas Estatales de la República Mexicana (ANADEPE), el gobernador del estado, Enrique Alfaro Ramírez, reconoció que se tiene una deuda con las personas que buscan acceder a la justicia en el país y en Jalisco.
Tan sólo en el 2018 la entidad se posicionó entre los 10 estados con menor acceso a la justicia, ocupando el lugar 23. Actualmente el Gobierno de Jalisco aparece en focos rojos en la impartición y procuración de justicia con peores resultados en orden y seguridad y ausencia de corrupción, ocupando el lugar 25, según el Índice de Estado de Derecho en México, realizado por The World Justice Project.
“El acceso a la justicia en México como derecho fundamental sigue siendo uno de los pendientes de la agenda pública, al día de hoy muchas personas no tienen los recursos para hacer frente a cualquier situación que ponga en riesgo su libertad, patrimonio o su vida”, dijo el mandatario.
Alfaro Ramírez refirió que en los últimos tres años la entidad ha trabajado para incrementar el acceso a la justicia
“Para extender los alcances de estos servicios optamos por la descentralización de la atención con 81 oficinas a nivel estatal en conjunto de los gobiernos municipales y en particular hemos enfocado los esfuerzos a las personas menores de edad, personas que padecen de sus facultades mentales y personas privadas de su libertad entre otros grupos vulnerables”, aseguró.
Sin embargo, durante el 2020 que llegó la pandemia del covid-19 las instancias procuradoras de justicia se vieron golpeadas al cerrar sus puertas y retrasar el acceso a la justicia a las personas que lo necesitaban con el argumento de estar atendiendo sólo casos urgentes.
MC
