La Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos 'Todos los Derechos para Todas y Todos', alertó sobre “el problema de desempleo que nos aguarda, cuando finalice la emergencia sanitaria” impuesta por el covid-19.
Reconoció que ante la actual pandemia la protección de la vida y la salud es primordial “sin embargo, no se debe dejar de lado que todos los derechos merecen ser respetados y protegidos”.
En este caso, los derechos laborales de miles de personas que por dicha pandemia, están confinados sin laborar y por ende sin ingresos económicos han sido dejados de lado.
En el Día Internacional del Trabajo, la organización manifestó su “preocupación por las condiciones y violaciones a sus derechos laborales que enfrentan las y los trabajadores del país en el contexto de la emergencia sanitaria que vivimos”.
En un pronunciamiento de las 86 organizaciones que integran dicha Red en 23 estados del país se afirmó que el covid-19 “ha evidenciado y exacerbado las debilidades en la protección y el ejercicio de los derechos humanos laborales”.
Afirman que actualmente no existen condiciones laborales dignas, además de que está fallando la colaboración entre el sector público y privado para desarrollar e implantar estrategias en beneficio de las y los trabajadores.
Fundamentan su escenario de lo que viene en materia de desempleo a partir de cifras oficiales “entre el 13 marzo al 6 de abril se perdieron más 346 mil 878 empleos. Es decir, un número mayor al equivalente al número de empleos generados en todo 2019”.
Su conclusión es que al finalizar la emergencia los números de personas sin trabajo se habrán incrementado.
“Nos alarma el incremento de prácticas violatorias de derechos humanos laborales en que han incurrido algunas empresas y empleadores, así como la falta de sensibilidad del gobierno ante este problema para actuar de manera más efectiva en la protección de estos derechos”.
La situación que hoy vive México, ante la emergencia está impactando más a trabajadores de maquilas, del hogar, mujeres, migrantes, pueblos y comunidades indígenas, juventudes, entre otros sectores “que ya vivían bajo condiciones de precariedad y que se agravan en este contexto”.
La Red la componen al menos cinco organizaciones y más de cuatro centros de defensa de los Derechos Humanos en el país.
